Ayuso retoma el pulso político contra Sánchez: comisión en la Asamblea, crisis de menas y agravios fiscales

El nuevo curso político que echará a andar en los próximos días no será uno más para Isabel Díaz Ayuso y su Ejecutivo en la Comunidad de Madrid. La líder de los populares madrileños celebra su quinto aniversario al frente del partido inmersa en una situación de estabilidad admirable para el resto de Comunidades Autónomas y el agitado Gobierno de coalición de Pedro Sánchez.

Un año después de consumar su mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo, Ayuso y sus nueve consejeros siguen llevando a cabo con rumbo firme la hoja de ruta establecida desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Sin embargo, y al margen de su labor con los ciudadanos de la región, Ayuso ha capitalizado la labor de oposición y constante crítica a Pedro Sánchez, escrutando la actividad de las acciones llevadas a cabo por su gabinete.

Desde la ley de amnistía aprobada en el Congreso, ante la cual Díaz Ayuso anunció la puesta en marcha de un recurso de inconstitucionalidad, el cual disponía de un plazo máximo de tres meses para ser presentado, y que vence con la entrada de septiembre.

Pese al ímpetu inicial del plan presentado por Génova en comunión con las autonomías donde el PP posee mayorías sólidas, quisieron esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre la ley. Este decidió no amnistiar el delito de malversación a los implicados en el 1-0 de 2017.

Pese a las dudas que desde el partido han ido sembrando sobre el Tribunal Constitucional, aún no hay una decisión sobre si presentarán el citado recurso de inconstitucionalidad finalmente.

La comisión en la Asamblea

Amnistía al margen, la gran batalla política del nuevo curso para el Gobierno de Ayuso es la comisión de investigación aprobada en la Asamblea para analizar los posibles tratos de favor de la Universidad Complutense de Madrid y su rector, Joaquín Goyache, con la cátedra de Begoña Gómez.

Previsiblemente, y a tenor de lo acordado, se constituirá dicha comisión en el mes de octubre, hacia finales, y se prolongará hasta febrero del 2025. Fuentes populares consultadas por Vozpópuli confirman que no está decidido todavía si van a llamar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Es la gran incógnita por resolver.

La crisis migratoria que azota a la CAM

Otro de los frentes que Ayuso tiene abierto contra el Gobierno nacional es la crisis migratoria que ha incrementado su actividad con ahínco este verano. Como hemos ido contando en este periódico, el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid ha recibido decenas de menores no acompañados en los últimos tiempos.

Sin ir más lejos, el pasado mes de julio se contabilizaron 228 menas, cifra récord que solo superan los 274 menores que aterrizaron en enero en la capital. Además de esta situación, los centros de primera acogida deben hacer frente a los gastos de manutención de estas personas, todo de fondos de la propia Comunidad de Madrid, pues el Gobierno de Sánchez solo destinará 1.6 millones de euros.

La realidad es que el Ejecutivo de Ayuso va camino de superar los 50 millones de euros en gastos derivados de la crisis migratoria. Este mes de septiembre, si todo va correctamente, se abrirá el centro de primera acogida de La Cantueña (Fuenlabrada), el cual espera ofrecer un techo a casi cien menas, todo ello en plena guerra política y judicial con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, dirigido por el socialista Javier Ayala.

Agravios fiscales sin explicar

Además del asunto de la amnistía, el otro gran pilar de la discordia en Cataluña ha sido el pacto para la absoluta independencia fiscal acordado con ERC para garantizar la investidura del ya presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Un acuerdo que rompe la caja común de todos los españoles y que dibuja un horizonte complicado al resto de autonomías, las cuales aún no saben con certeza cómo les va a afectar, aunque la percepción es que lo hará de forma negativa.

Un asunto, el del concierto catalán, por el cual el Gobierno de Ayuso, a través de su consejera Rocío Albert, ha demandado las pertinentes explicaciones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, además de exigir la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde dé las explicaciones oportunas al resto de Comunidades Autónomas.

Ayuso se ha mostrado bastante crítica con este movimiento político del Gobierno. El nuevo curso político se plantea interesante en el tira y afloja entre Madrid y Moncloa. Un capítulo más.