Absolutamente presencial y con todos los alumnos. El escenario para el próximo curso 2020/2021 anunciado esta semana por la ministra de Educación, Isabel Celaá, dista mucho del dibujado por ella misma a finales de mayo. Fue entonces cuando aseguró que los grupos no podrían superar a 15 alumnos.
"Si no, tendrían que fraccionarse si tuviéramos que seguir respondiendo a mantener dos metros de distancia. No hay nada con seguridad porque no sabemos la evolución de la pandemia", matizó. Según la titular de Educación, había que aprovechar el máximo espacio, tanto interno como externo, por lo que instó a los centros educativos a habilitar como aulas espacios como bibliotecas, gimnasios y salones de actos.
Sin embargo, el Gobierno ha cambiado de criterio este miércoles. La vuelta al cole en septiembre será "absolutamente presencial" y "con todos los alumnos". En Educación Infantil y hasta el 4º curso de Educación Primaria incluido, los departamentos de Educación y Sanidad han definido que se podrán establecer grupos estables de alumnado, como "burbujas", idealmente con 15 personas, pero aceptan un máximo de 20.
Estas podrán socializar sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta porque, según el Ejecutivo, "es un grupo de convivencia estable". "Esto posibilitará además el rastreo de contactos rápido y sencillo en el supuesto de que se diera algún caso", añaden.
Celaá defiende este giro amparándose en los nuevos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que señala que sólo un 1,37% del total de casos confirmados de covid-19 corresponde a población con edades entre 0 y 19 años.
El Gobierno se deshace así de las teorías que señalaron a los niños como 'supercontagiadores', un concepto que no es médico y que se refiere a una persona que contagia un virus a más personas y con mayor velocidad que la media.
Si con el estallido de la pandemia los niños eran considerados una suerte de bomba que había que aislar para ser desactivada, de ahí el cierre de los colegios, ahora que la pandemia amaina proliferan los estudios que descartan a los niños como grandes propagadores de la enfermedad.
Se relajan las distancias y el uso de la mascarilla en los más pequeños. Junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, Isabel Celaá ha elaborado unas instrucciones que sirvan de pauta a las autonomías para organizar septiembre. Así se lo habían reclamado varios consejeros de Educación en las Conferencias Sectoriales.
Docentes piden "certezas y seguridad"
Pero los cambios de rumbo y la mayor flexibilización por parte del Gobierno con respecto a los colegios no ha sido comunicada en una reunión con las autonomías que están en contacto con los centros, sino anunciada a través de un par de entrevistas en los medios de comunicación. Esto ha provocado el malestar de algunos consejeros y ha vuelto a descolocar a docentes y familias.
"Necesitamos certeza y seguridad. Hacer un día una propuesta y, al día siguiente, la contraria genera mucha incertidumbre. Eso no es bueno", considera Nicolás Fernández, presidente del sindicato de docentes ANPE.
"Si el ratio de alumnos por aula se eleva a 20 personas y la distancia entre alumnos ha de ser de 1,5 metros muchos centros necesitarán una remodelación y será necesario aumentar las plantillas", advierte. "Tiene que existir un plan de contingencia claro para todos los centros donde se determinen las partidas que se deben dirigir a remodelación, profesorado y digitalización", añade Fernández.
Desde ANPE defienden el presencialismo en las aulas porque "mejora la educación" y reclaman herramientas y plataformas digitales de calidad para los centros "por si esto vuelve a pasar". "La enseñanza online ha sido un remedio al que hemos tenido que acudir porque no quedaba otra, pero la enseñanza presencial es insustituible", opina.
El rol del responsable 'covid-19' en el centro
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, cree que el Gobierno "debería explicar a qué responden" los cambios de criterios en canto a las ratios y la distancia de seguridad entre alumnos. "Muchas CCAA están presionando para hacer una vuelta al centro en la nueva normalidad de forma low cost, lo más barata posible", asegura.
"Nos choca que cada centro tenga que hacer un plan de inicio de curso y un plan de contingencia, además de nombrar a una persona responsable de referencia para los aspectos relacionados con la covid-19. Los temas de seguridad, salud e higiene son competencia de las administraciones. Los equipos de los colegios no tienen esas competencias ni se les ha formado para ello", apunta.
En el caso de la limpieza, el Gobierno apuesta por que cada centro disponga de su propio protocolo. "No tiene sentido. Los centros educativos no contratan a la limpieza, estos contratos pertenecen a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Ellos son estos los que tienen que redimensionar el personal", sentencia.
CCOO añade que los centros ya se limpian una vez al día, por lo que fijar que se limpien "al menos una vez al día" les resulta insuficiente. "Hay centros con 700 alumnos", recuerdan.
"Al margen de las familias"
"Queremos un inicio de curso lo más normalizado posible donde se garanticen en todo momento las medidas sanitarias necesarias para la rotal seguridad de nuestros hijos a la hora de incorporarse", solicita.
Más allá de los cambios de criterio y de la tardanza en contar con un protocolo que previamente habían echado en falta, a la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) le parece "positivo" que las instrucciones lanzadas desde el Gobierno "sean sencillas y flexibles, como hemos solicitado repetidamente".
"Valoramos positivamente que se plantee atender a todos los alumnos de modo presencial, pues lo consideramos muy conveniente para mantener el ritmo de aprendizaje y facilitar la conciliación a las familias. Las restricciones señaladas son tanto o más exigentes que en otros ámbitos. Es natural que a medida que mejora la situación se flexibilicen las restricciones anteriores", zanjan.
Las pautas e instrucciones elaboradas por el Ejecutivo serán presentadas a las CCAA en Conferencia Sectorial y Educación aclara que están sujetas a los aportes que puedan hacer las autoridades autonómicas.
