Entre los múltiples frentes que tiene abiertos Pedro Sánchez, dos afectan directamente a importantes barones del PSOE. Por un lado, Andalucía ha decidido alzar la voz ante el repunte de la presión migratoria que sufren sus costas desde comienzos del verano; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no dudó en criticar duramente el último trasvase Tajo-Segura aprobado por el Gobierno socialista.
La Junta de Andalucía reclamó al Ejecutivo central que regule el reparto de los migrantes entre las diferentes comunidades ante la saturación de los centros de acogida y de los medios regionales. El vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, puso especial acento en la falta de fondos y en la situación de los menores no acompañados que llegan a las costas andaluzas. En lo que va de año, cerca de 2.300, para los que no hay centros específicos de atención. "Lo mismo que España exige a los países europeos que sean solidarios, Andalucía, por donde entran la mayoría de los inmigrantes, exige esa solidaridad con el resto de las comunidades", añadía el diputado socialista Antonio Pradas.
En un primer momento, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pidió a la administración andaluza "comprensión mutua" ante la dificultad de gestionar el asunto, aunque dijo comprender las reivindicaciones de la Junta. Pero este sábado, fue el propio Sánchez quien se comprometió a buscar un acuerdo con las Comunidades que garantice un reparto justo en la acogida de los menores. Un extremo que quedó aplazado el pasado lunes tras la última Conferencia Sectorial de Migraciones, que volverá a reunirse a comienzos de septiembre. Andalucía asume el 36% de los más de 7.000 menores no acompañados que viven en España.
Sánchez hizo su anuncio acompañado de la canciller alemana, Angela Merkel, con la que pasa unos días precisamente en Andalucía y con quien aborda, entre otras cosas, la política migratoria. España y Alemania se han comprometido a intentar que la UE destine más fondos europeos a Marruecos y Túnez para frenar la llegada de inmigrantes. Asimismo, el gobierno germano llegó a proponer un reparto de los migrantes entre el resto de países de la UE.
En estos dos meses desde que Sánchez llegó al Gobierno, el Ejecutivo socialista se ha visto obligado a cambiar su política de gestos. Tras la decisión de acoger al barco Aquarius nada más acceder a La Moncloa, ahora ha dado marcha atrás y no concederá el mes y medio de permiso de residencia a los migrantes que lleguen en el resto de barcos o crucen las fronteras. De momento, el Gobierno ha activado un plan dotado con 30 millones de euros para reforzar la acogida humanitaria y ha establecido un mando único que mejore los resultados del operativo para controlar los flujos. La Comisión Europea, por su parte, desbloqueó una ayuda de 53 millones de euros a España para gestionar el repunte de migrantes.
La guerra del agua
La otra gran polémica surgida con uno de los barones socialistas ha sido a cuenta del trasvase de 20 hectómetros cúbicos entre la cabecera del río Tajo al Segura. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se mostró muy crítico con la decisión adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica. "Por encima de todo está nuestra tierra", manifestó el dirigente castellanomanchego a través de las redes sociales.
"Desde Castilla-La Mancha rechazamos el nuevo trasvase aprobado por el Gobierno central, porque es tan injusto como todos los que hizo Rajoy, pero en este caso, además, es incoherente con la nueva política de agua que se había anunciado", sentenció. Precisamente, su voz se ha dejado escuchar en los últimos días. El dirigente regional aseguró en una entrevista con Europa Press que el Gobierno no "puede aparentar una fortaleza que no tiene en el Parlamento" y que, si la situación del Ejecutivo se torna "inviable", Sánchez debería apretar el botón nuclear para convocar elecciones generales.
