La Comisión Europea con sede en Bruselas quiere "mejorar" el funcionamiento de la Orden Europea de Detención y Entrega (Euroorden) para resolver algunos problemas en su aplicación, pero rechaza introducir ampliar la lista de delitos como hoy le planteó el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá.
El Ejecutivo comunitario trabaja "en la mejora, pero no prevé modificar la decisión marco o introducir los cambios que plantea el Gobierno español", dijo la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, en una rueda de prensa al término de un consejo de ministros de Justicia.
La modificación de ese instrumento exigiría una propuesta de la CE, confirmaron a Efe fuentes europeas.
La comisaria añadió que el Ejecutivo comunitario "no opina que la mejora del sistema exija una modificación de la decisión marco ampliando el catálogo de delitos tipificados, lo que no zanjaría las cuestiones que los Estados miembros encuentran en la aplicación de ese instrumento".
"No vemos ninguna necesidad de cambiar su funcionamiento en cuanto a la lista de delitos (...) Tenemos problemas pero de naturaleza procesal, reflejados en sentencias del Tribunal de Luxemburgo", dijo la comisaria.
La actualización que propone España
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, explicó hoy que quiere abrir una reflexión en la Unión Europea (UE) sobre la necesidad de actualizar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, que a su juicio se ha quedado obsoleta.
Catalá desvinculó esta reflexión del caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados con él a Bruselas hace más de un mes y recordó que "la lista es de 2002. Han pasado quince años".
"No es problema de un caso puntual, nosotros no tenemos ninguna queja de un caso puntual", subrayó.
Los cinco políticos independentistas están reclamados por la Justicia española por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró el pasado 5 de diciembre las euroórdenes emitidas contra todos ellos por la Audiencia Nacional, al considerar que podrían condicionar la evolución de la investigación y los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados.
