La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, temen que la parálisis de la economía durante los meses de marzo y mayo, por la crisis del Covid-19, derive en "un millón de parados más" y por eso se oponen frontalmente a un crecimiento "desordenado" del gasto público que dispare la deuda española más allá del 100% del PIB actual y la prima de riesgo vuelva a ser pasto de ataques especulativos como los que tuvieron lugar tras la crisis de 2008, explican a Vozpópuli fuentes gubernamentales.
De ahí que este sábado, en un tenso Consejo de Ministros que se prolongó durante siete horas, tanto Calviño como Montero -ayudadas por le vicepresidenta primera, Carmen Calvo- hicieran causa común para frenar la medida estrella que quiere Podemos: una moratoria de hasta 18 meses en el pago de las hipotecas para los afectados, como se ha hecho en Italia.
También para oponerse, como pidió Iglesias, a nacionalizaciones de sectores estratégicos como el eléctrico -frente a los impagos de recibos que se van a producir en muchas familias- o la sanidad privada. Vicepresidenta y ministra argumentaron que todos los recursos, públicos y privados, ya están de facto a las órdenes del Gobierno en un estado de alarma y que el Ejecutivo no puede enviar a los mercados una señal de que, "al calor del coronavirus", toma medidas en contra de la economía de mercado.
Los morados intentaron desde el minuto uno de la reunión del gabinete introducir esas y otras medidas de liquidez favorables a empresas y trabajadores en el decreto de Estado de alarma anunciado ya por la noche por Pedro Sánchez al país, pero toda el área económica se negó en redondo alegando que las medidas se están estudiando desde la Comisión delegada de Asuntos Económicos celebrada el jueves y era mejor posponerlas al martes porque necesitan mucho análisis.
Rechazo a la moratoria de hipotecas: "¿Qué es un afectado por coronavirus? ¿Solo los contagiados? ¿Quien vaya a perder un empleo por esta crisis no lo es?", responde el área económica a Iglesias
"¿Qué es un afectado por coronavirus? ¿Solo los contagiados? ¿Quien vaya a perder un empleo por esta crisis no lo es?", se pregunta una fuente gubernamental del área económica, para ilustrar lo difícil que es implementar una medida así sin que España afronte una tormenta perfecta: la Banca caería "en picado" en un mercado en estado de shock, no podría salir al eventual rescate del país comprando deuda -como ocurrió hace diez años- y la prima de riesgo se dispararía aún más; por mucho que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, haya anunciado la compra de 120.000 millones de deuda soberana de los países afectados.
Además, señala otra fuente, igual que hay que tener en cuenta que la economía se ha parado, también hay que valorar la fuerte tradición del español de pagar su hipoteca religiosamente a día uno del mes, "y puede que haya menos ingresos pero también vamos a tener menos gasto porque tendremos que estar confinados en casa varias semanas".
Cotizaciones a la Seguridad Social
El mismo planteamiento vale para las cotizaciones a la Seguridad Social de los empresarios y autónomos. El Gobierno insiste en que lo primero que ha hecho es eliminar las penalizaciones por impago inmediato "para que no haya un shock de liquidez en la tesorería de las empresas", y ahora habrá que ver de cuánto es la moratoria. Porque con una deuda de más de 50.000 millones en las arcas de la Caja Única el margen de actuación no es tan grande.
En las medidas que apruebe el gabinete socialista y morado se va a flexibilizar el aplazamiento del pago de impuestos de las empresas durante un periodo de seis meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés. Esto permitirá inyectar "hasta 14.000 millones de euros de liquidez", dice el Ejecutivo, aunque tanto desde las patronales CEOE como ATA (autónomos) se censura su insuficiencia porque no es dinero fresco que palíe el parón de la actividad. Particularmente crítico es el sector turístico, que ya días antes del confinamiento soportaba cancelaciones del 80% y augura un verano 2020 catastrófico.
"A situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias", defiende Podemos y también sectores del Gobierno que solo con una política fiscal expansiva España saldrá de la durísima crisis que se le avecina
Enfrente, ese área económica del Gobierno tiene no solo al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y los ministros de Unidas Podemos, Yolanda Díaz (Trabajo) y Alberto Garzón (Consumo), sino también al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, o el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quienes defienden la idea de que "a situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias".
Escrivá y Ábalos apoyaron retrasar al martes las medidas económicas, pero quieren más liquidez para las empresas y no solo una moratoria en el pago de las cuotas a la Seguridad Social y la transferencia de 2.800 millones a las autonomías para gasto extra sanitario, que es básicamente el paquete de medidas aprobado el viernes tras la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Sánchez se encuentra entre la espada de sus socios de gobierno, Podemos, con los que tiene que aprobar unos presupuestos repletos de subidas de impuestos -Impuesto de Sociedades, más IRPF a quienes ganen más de 130 euros, tasa Google y a las trasacciones financieras-, en las antípodas de lo que recomienda la OCDE, la UE y la propia Christine Lagarde.
La CEOE, los autónomos y hasta un sector del propio PSOE reclaman a Sánchez precisamente por eso un pacto de Estado con PP y Ciudadanos para sacar unos presupuestos de emergencia que pongan en marcha urgentemente la economía en cuanto pase el obligado confinamiento ciudadano. Pero Pablo Iglesias no se lo va a poner fácil para esa especie de gobierno de concentración:
Vamos a seguir trabajando para que se aprueben también, cuanto antes, nuevas medidas sociales para apoyar a las familias y a la gente trabajadora ante esta situación. Ninguna persona debe quedar desprotegida como ocurrió en 2008.
— Pablo Iglesias ?{R} (@PabloIglesias) March 14, 2020
