Pablo Delgado, abogado del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, defiende que existen "sobradas razones" para que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar al exdirigente del PP valenciano por presuntos delitos de prevaricación y fraude en los contratos de la Generalitat con empresas de la trama Gürtel, concretamente con Orange Market, entre ellas, que es una cuestión "cerrada jurídicamente" en diversas resoluciones judiciales.
Así lo señala en un comunicado tras conocerse que Anticorrupción ha presentado este martes un escrito ante el juez De la Mata en el que solicita la investigación de Camps en esa causa. El letrado del expresidente se remite al comienzo del 'caso Gürtel' para afirmar que esta Fiscalía intentó tanto que el juez que instruyó la conocida como 'causa de los trajes' --en el que resultó absuelto por un jurado popular, decisión ratificada por el Supremo-- así como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputaran a Camps en las adjudicaciones a Orange Market, mercantil que gestionaba Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.
En esta línea, subraya que el juez instructor rechazó en cuatro autos esa pretensión (el 29 de mayo, 6 de junio, 14 de julio y 16 de julio de 2009) y también el TSJCV hizo lo mismo en autos de fecha 19 de junio de 2009 y 25 de mayo y 4 de julio de 2011.
Por ello, la defensa de Francisco Camps entiende que esta cuestión está "cerrada jurídicamente" por la "inmensa relación" de autos que jueces y magistrados "emitieron en su momento en contra de la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación del PSOE".
Ninguna instrucción de contrataciones
En esta línea, añade que el 26 de mayo de 2009, 37 altos cargos de la administración autonómica, entre los que se incluyen algunos de los que pueden ser llamados a declarar en esta nueva petición de la Fiscalía Anticorrupción, "negaron recibir instrucción alguna en las contrataciones realizadas a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y del juez instructor".
Asimismo, recalca que en el juicio oral en la 'causa de los trajes' "todos los testigos, altos cargos de la administración autonómica, volvieron a negar recibir instrucción alguna para las adjudicaciones realizadas" y también en la instrucción de esta causa "nuevamente se ha negado que por parte de nadie se haya recibido instrucción alguna para la toma de decisión del órgano de contratación correspondiente".
El letrado agrega que la Abogacía de la Generalitat realizó en el año 2009 un informe sobre cada uno de los contratos a esta mercantil y a otras relacionadas con la misma "justificando la legalidad del procedimiento".
Por ello, sostiene que hay "sobradas razones" para que de las declaraciones de un procesado en la causa en la financiación del PP "en las que además no hace referencia alguna a las contrataciones de la administración, el juez instructor que no es el que fue, el que instruyó la causa en Valencia, rechace la petición de la Fiscalía Anticorrupción".