Tras el Campus de la Justicia de Madrid había un "verdadero caos": ni documentación estructurada, ni justificantes, ni formularios, ni facturas. Contrataciones a dedo y numerosos despidos. Ya lo había advertido la Cámara de Cuentas y la Fiscalía. Ahora, el juez a cargo de la investigación pone la lupa en las decisiones de Alfredo Prada, quien fuera vicepresidente segundo y consejero de Justicia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, y quien habría contratado al comisario Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal y actual imputado en el caso Villarejo por el presunto espionaje al tesorero del PP Luis Bárcenas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha acordado la citación de varios investigados del caso Campus de la Justicia, "tanto en cuanto a hechos como en cuanto a delitos" para que tengan la oportunidad de "aportar explicaciones". En la lista figura el nombre del agente policial Gómez Gordo, por los pagos que habría recibido de la sociedad gestionada por el Gobierno madrileño del PP.
En marzo, el magistrado ya había hecho hincapié en que todos los puestos de trabajo en el marco del Campus "se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto" y, en algunos casos, vinculados a "intereses privados". Esta vez, ha señalado como responsable directo a Prada, ahora encargado de evaluar la idoneidad de los candidatos y cargos públicos del PP de Pablo Casado.
Según el auto, recogido por Vozpópuli, Prada tenía todas las facultades del Consejo de Administración del Campus y "tomaba parte directa, de modo personal e inmediato, en las decisiones estratégicas y operativas de la compañía".
"Cuantiosa indemnización"
A juicio del magistrado, las facultades de gestión de Prada se materializaron "de manera efectiva en la suscripción de contratos" de trabajo en nombre del Campus de la Justicia de Madrid. La Cámara de Cuentas cifra el importe total de la contratación por encima de los 355,5 millones de euros, aunque de todo el proyecto sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.
Entre la lista de contratos a investigar, se destaca el firmado el 8 de octubre de 2007 con Andrés Gómez Gordo. El que fuera asesor de Cospedal en Castilla-La Mancha habría sido fichado por el Campus como jefe de seguridad.
El agente está actualmente imputado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza Kitchen del caso Tándem, también conocido como caso Villarejo. Tras prestar declaración, el titular Manuel García-Castellón acordó aplicar una serie de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía anticorrupción que incluyen la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del país al hombre que presuntamente espió a Bárcenas.
Además de las contrataciones injustificadas también han sido señalados por la Cámara de Cuentas los "numerosos despidos" cometidos en el Campus de la Justicia. Fuentes consultadas han asegurado a este diario que el propio Gómez Gordo fue uno de los afectados, por lo que posteriormente interpuso una denuncia y consiguió una "cuantiosa indemnización".
Cuentas y contratos
Prada acudió en marzo ante el juez en calidad de investigado por un delito societario y de malversación para explicar el agujero millonario que dejó el proyecto; en concreto, para declarar sobre los gastos supuestamente irregulares aprobados durante su gestión al frente del Campus. Aquel día, sin embargo, insistió reiteradamente a los medios que todas las cuentas estaban justificadas.
Tras su comparecencia, Prada presentó una petición para que se anulara la causa por corrupción en su contra. Pero el propio De la Mata ha rechazado la solicitud esta semana al reiterar que el exconsejero "tomaba parte directa" en las "decisiones estratégicas" de la entidad investigada.
