Política

Carmen Calvo defiende ahora la amnistía que en 2021 le parecía "no planteable en un estado constitucional"

Desde el Consejo de Estado, Carmen Calvo se ahorrará valorar la amnistía gracias a que se tramitará de urgencia

La hemeroteca ha hecho flaco favor a la recién 'ascendida' a presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. La que fuera mano derecha de Pedro Sánchez al inicio de su Gobierno aseguraba este miércoles en una entrevista en Onda Cero que "la amnistía y el indulto parcial es lo que está contemplado en nuestra democracia y en otras", defendiendo la constitucionalidad de la medida de gracia parcial. No pensaba lo mismo en 2021, cuando era vicepresidenta y sobre la ley acordada con los independentistas decía que no era "planteable en un estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, el judicial".

"La amnistía y el indulto parcial es lo que está contemplado en nuestra democracia y en otras", declaraba ante los micrófonos de Julia en la Onda, para justificar qué cambio ha hecho de la amnistía ahora constitucional.

También su opinión sobre los líderes del procès huidos de la justicia ha cambiado. La política defiende ahora a capa y espada junto a su partido la norma, si bien cuando ocupaba la vicepresidencia primera declaraba que el significado del 'exilio' del que hablaban los independentistas "aquí y en cualquier lugar del mundo, es huir de la Justicia".

Carmen Calvo se evitará evaluar la amnistía en el Consejo de Estado

La defensa de la constitucionalidad de la amnistía de Carmen Calvo no llegará, sin embargo, al terreno técnico. El Consejo de Estado emite dictamen sobre las leyes cuando estas se tramitan por la vía ordinaria, pero no será el caso con la ley de amnistía, que como Propuesta de Ley se tramitará de urgencia, siguiendo la línea habitual de Moncloa.

El trámite de urgencia no requerirá informe preceptivo, ni del CGPJ, ni del Consejo Fiscal ni del Consejo de Estado encabezado por Calvo, por lo que la política no tendrá que valorar desde un puesto de autoridad más allá del Gobierno la polémica norma.

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