El caso del Open de Tenis empieza a traer nubarrones en el entorno de Manuela Carmena. Sus dos ex ediles, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, tendrán que sentarse en el banquillo por presunta malversación por la denuncia que interpusieron en 2017 contra el torneo de tenis. La juez ve “fraccionamiento” en dos contratos a dedo en un caso polémico que hizo tambalear al gobierno de Carmena y que amenaza con añadir más problemas: una imputada involucró a una asesora de la ex alcaldesa, mientras que otro edil dijo que el asunto se abordó en al menos tres reuniones oficiales. Fuentes municipal explican a Vozpópuli que tanto la defensa como la acusación puede llamar a declarar a la ex regidora y sus colaboradores.
El auto de fecha 22 de octubre que abre el procesamiento contra Mato, Mayer y la ex gerente de Madrid Destino, Ana Varela, detalla la cronología de una larga investigación. La magistrada explica cómo los ediles imputados, acompañados por la ex responsable de Madrid Destino (empresa pública que gestionaba el contrato del Open de Tenis), sospecharon de irregularidades en los convenios del máster 1.000 de tenis firmados por los ex alcaldes del PP Gallardón y Botella.
A partir de 2016, Mato, Mayer y Varela pidieron a los letrados del Consistorio dos dictámenes sobre el convenio. Sospechaban de sobrecostes que, sin embargo, los funcionarios negaron. Los letrados del Palacio de Cibeles afirmaron que todo era correcto y que el aumento del gasto público se debió a que el certamen incluyó la competición femenina y que subieron los premios de los tenistas (los imputados confundían patrocinio con premio). Después de 2011, además, ese desembolso empezó incluso a descender.
Dinero público para informes privados
Recibidos esos documentos, sin embargo, los políticos de Ahora Madrid decidieron ir por su cuenta. A la vez que otros ediles de Carmena iban denunciando a ex gobernantes del PP (por ejemplo por la venta de viviendas de la EMVS y Mercamadrid), Mato y Mayer contrataron a dos bufetes privados para que buscaran ilícitos penales en el Open.
El coste de la operación ascendió a 50.000 euros, que fueron pagados con fondos públicos de la empresa municipal encargada de la promoción turística y cultural. Lo hicieron de manera discrecional, sin concurso público, y dando un mes de tiempo para el encargo. Los bufetes dieron rápidamente la razón a sus mecenas, y Mato, Mayer y Varela denunciaron ante la Oficina Anticorrupción al Open de Tenis y a Manuel Cobo, Pablo Bautista y José Ignacio González como supuestos artífices de un caso de prevaricación y malversación de caudales públicos. Filtraron la denuncia a los medios pocos días antes del comienzo del torneo en 2017, pero se toparon con el grupo del PP en el Ayuntamiento, que presentó una querella contra ellos.
Un bumerán para los imputados
Lo que tenía que ser un caso de malversación contra el PP se convirtió en otro contra Mato y Mayer, que en un primer momento fueron declarados “investigados” (vieja figura del imputado) por el mismo cargo delictivo. La alcaldesa decidió protegerles. Si bien se desmarcó de su actuación, que criticó, no les obligó a dimitir –tal y como recogía el código ético de Ahora Madrid—, evitando así un terremoto político en su gobierno. "¿Por qué van a tener que dimitir, si solo son querellados y no imputados?", preguntó. "Tenemos la obligación de ceñirnos a los hechos", añadió en una improvisada y tensa rueda de prensa.
A partir de ese momento empieza otra historia. Se trata del desfile de los investigados ante la juez en las que en mayor o menor medidas empezaron a involucrar a personas del entorno de la ex alcaldesa. La declaración más relevante la pronunció Varela, quien, como desveló en el pasado El País, sostuvo que antes de denunciar el Open pidió consejo a Lourdes Menéndez, una de las colaboradoras más estrechas de la ex regidora.
Varela afirmó que tenía "constancia fehaciente de irregularidades muy graves", pero añadió que antes de actuar habló con Menéndez. Ésta, según la ex dirigente de Madrid Destino, mencionó el abogado a quien finalmente acudieron para la investigación y la denuncia. Según la declaración de la imputada, Menéndez le dijo a Varela que ante "los datos y las cosas que estamos poniendo sobre la mesa, la envergadura, la complejidad, el oscurantismo de toda esa relación jurídica y la cantidad económica tan importante dentro del presupuesto municipal, es nuestra responsabilidad adoptar las medidas oportunas, y para ello se necesita un apoyo jurídico especializado".
Despido e indemnización de 35.000 euros
La asesora de Carmena negó haber estado involucrada en el asunto. Dijo que con Varela simplemente habló de un bufete que anteriormente había hecho un "magnífico dictamen acerca de un asunto que era litigioso" para la Empresa Municipal de Vivienda. Aun así, admitió que trasladó a Carmena las sospechas de Varela, sosteniendo que la alcaldesa contestó: “No hay nada que nos parezca que es irregular ni que creamos que hay que perseguir de manera especial".
"Es probable que Carmena tenga que desfilar ante el juez", comentan en el Palacio de Cibeles las fuentes consultadas
A raíz de la polémica generada, Carmena despidió a Varela de Madrid Destino. La sangre había llegado al río. Pero la ex gerente de Madrid Destino no se quedó parada. Aunque había sido contratada por Carmena como alto cargo, decidió denunciar al Consistorio por despido improcedente. Y logró de manera muy sorprendente (los cargos de confianza se contratan y cesan de manera discrecional) una indemnización de 35.000 euros gracias a un acuerdo extrajudicial, como también desveló en su día El País.
El sustituto de Varela en Madrid Destino justificó ese pago por el “riesgo político y mediático” vinculados a su demanda. Aunque el PP habló de maniobra para “acallar” a la investigada por el caso Open.
Otro dato sobrevuela el caso. Atañe a la declaración del ex edil Mato. Era el responsable del área de Economía y miembro del consejo de administración de Madrid Destino, y sostuvo ante la juez que los letrados municipales “se pusieron de perfil” pero remarcó que el tema de la denuncia se abordó "al menos tres ocasiones" en la comisión delegada de Madrid Destino, "una especie de consejo de administración reducido", afirmó el edil.
Desfile ante la juez
En esa comisión trabajaba el ex coordinador de alcaldía, Luis Cueto, mano derecha de Carmena durante su gobierno y otra persona de su máxima confianza. Cueto siempre mantuvo un duro pulso contra Mato y Mayer por el tema del Open, pero podría verse involucrado si la defensa de Mato y Mayer decide pedirle que declare en el tribunal, según explican fuentes municipales. Lo mismo podría pedir la acusación, ejercida por el grupo del PP y la Asociación Transparencia y Justicia.
"Es probable que Carmena tenga que desfilar ante el juez", comentan en el Palacio de Cibeles las fuentes consultadas. Ese extremo no es disparatado. En otras investigaciones sobre gasto público injustificado, alcaldes y presidentes regionales del PP de Madrid tuvieron que acudir como testigos. Y algo parecido puede ocurrirle a Carmena, aunque sea solo por aclarar si intentó frenar activamente a sus ediles, o si pudo ser corresponsable de hechos que se definen con palabras mayores: malversación de caudales públicos.
