Pablo Casado ha hecho del desafío secesionista catalán uno de los ejes prioritarios de su gestión al frente del nuevo PP. Para ello planea celebrar la próxima Junta Directiva Nacional en Barcelona, el próximo día 6, una fecha que está pendiente del calendario del Congreso. El nuevo dirigente de los populares celebró la primera reunión de su Ejecutiva precisamente en Barcelona, nada más asumir los plenos poderes de Génova. Ahora tantea este nuevo desplazamiento, que tendría lugar en vísperas de la Diada y tan sólo 24 horas antes del primer aniversario del pleno del Parlamento que aprobó las leyes de desconexión y del referéndum separatista.
La ofensiva de Casado contra los independentistas es frontal. El PP está llevando la iniciativa política en defensa del juez Pablo Llarena a quien, en un primer momento el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó a su suerte contra la demanda de los promotores del golpe. El presidente del Gobierno dio finalmente marcha atrás y recompuso una situación que se tornaba muy incómoda para la titular de Justicia, con la carrera judicial casi en pleno en contra de su actitud de abandonar al magistrado instructor de la causa contra los líderes del 'procés'. Dolores Delgado ha anunciado que acudirá a la comisión de Justicia del Congreso para explicar lo sucedido.
También el PP ha empujado al Gobierno a que se movilice en defensa de quienes están siendo hostigados por el Gobierno de la Generalitat por retirar lazos amarillos de la escena pública. El fiscal catalán decidió abrir una investigación sobre las actuaciones de los Mossos contra los ciudadanos que despejen de enseñas amarillas las plazas y calles de los espacios comunes. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha exigido al consejero de Interior, Miquel Buch, a que se afronte este asunto en la anunciada reunión de la Junta de Seguridad. Marlaska ha respondido que es cuestión de su exclusiva incumbencia. La reunión de la Junta está en grave riesgo de no celebrarse. Marlaska pretendía que tuviera lugar la semana próxima, antes de que arranquen los preparativos de la Diada.
Movilizaciones callejeras
Tanto Puigdemont como Torra, expresidente y presidente de la Generalitat, han anunciado un trimestre de tensión en Cataluña, con motivo de la celebración de las efemérides de los episodios que llevaron a la proclamación de la independencia. Las asociaciones que agitan las calles ya están preparando acciones y movilizaciones para estas jornadas. Incluso la ANC ha sugerido la posibilidad de una huelga general el 1-O, aniversario del referéndum ilegal.
El Gobierno central teme que la actual crispación suba de tono. La agresión a una mujer cuyos hijos retiraban lazos amarillos en el parque de la Ciudadela ha hecho sonar las señales de alarma. Josep Borrell, ministro de Exteriores, ya avisó en su momento de que se respira un clima de confrontación civil. Pedro Sánchez, desde su periplo iberoamericano, invoca al diálogo y el entendimiento.
Pablo Casado le presiona. Exige la comparecencia parlamentaria y la dimisión de la ministra Delgado, causante del enredo en torno al juez Llarena y empuja al Gobierno para que actúe en defensa de los demócratas que son perseguidos, hostigados y agredidos por limpiar de amarillo las calles catalanas. El PP quiere llevar la delantera en esta ofensiva. Ciudadanos, su directo rival electoral,no pierde el paso. Rivera ha convocado una manifestación para este miércoles en el lugar de la agresión. La mujer agredida es esposa de un militante de Ciudadanos.
