El PP quiere dar la batalla contra los decretos que el Gobierno pretende impulsar hasta las elecciones del 26 de abril y con las Cortes Generales ya disueltas. Pablo Casado anunció este lunes que llevará a la Junta Electoral Central (JEC) la estrategia electoralista que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha bautizado como "los viernes sociales" y que pretende rescatar las medidas frenadas por el fracaso del proyecto presupuestario.
Sin embargo, el órgano que debe velar por la imparcialidad de los poderes públicos durante los períodos electorales poco puede hacer ante la aprobación de estas medidas, que ninguna norma prohíbe seguir aprobando en el Consejo de Ministros.
Otra cosa es que el alcance político y el futuro coste económico de las normas que Moncloa pretende sacar adelante se ajuste a la "extraordinaria y urgente necesidad" que prevé la Carta Magna para aprobarlas. "No parece razonable, salvo que las cosas sean de urgente necesidad, que se pueda hacer un uso partidista de las instituciones", apuntó la presidenta del Congreso, Ana Pastor. "No puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral", apuntó minutos después Casado.
Pero los expertos dudan de que la Junta Electoral tenga competencia directa o indirecta sobre las medidas del Gobierno. Aunque si recibe la queja o reclamación del PP, deberá reunirse y pronunciarse al respecto. A la espera de conocer los fundamentos jurídicos de los que los populares no han dado más detalles, fuentes parlamentarias creen que la JEC no entrará en el fondo del asunto.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) tiene muy tasada la prohibición de realizar actos de inauguración y campañas de propaganda institucional para 'vender' ante la opinión pública los logros de la legislatura. El artículo 50 de la LOREG se limita a señalar que desde la convocatoria de los comicios y hasta su celebración queda prohibido "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".
Pero nada dice de los decretos. "Esto no tendría que estar regulado si se tuviera un mínimo de respeto institucional", apunta el Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) José Manuel Vera. En su opinión, que Moncloa apruebe cada viernes medidas de profundo calado político "es mucho más grave que cortar una cinta".
Durante el período ordinario de sesiones, los decretos pueden ser tramitados como proyectos de Ley y ser sometidos a las enmiendas y el debate parlamentario de los grupos. Sin embargo, con las Cortes disueltas, solo pueden recibir el visto bueno en la Diputación Permanente del Congreso (el órgano de la Cámara que permanece activo hasta que se constituyan las nuevas Cortes) o ser devueltos al Gobierno.
Diversas fuentes parlamentarias coinciden en señalar que el Gobierno está amparado para aprobar los decretos y que ninguna norma regula que no pueda hacerlo en período electoral. Además, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la "extraordinaria y urgente necesidad" que requieren es demasiado laxa y todos los Gobiernos, en mayor o menor medida, han echado mano del decreto para legislar.
Fuentes cercanas a la dirección del PP evitan por el momento ahondar en los fundamentos jurídicos de los recursos que puedan presentar contra los decretos que el Consejo de Ministros apruebe a partir de esta semana. Aunque todo podría quedar en manos del Tribunal Constitucional si los populares quieren llevar las iniciativas hasta allí. Pero el Alto Tribunal no pasaría de admitirlo a trámite y tardaría muchos meses hasta entrar en el fondo del asunto.
