PP y Ciudadanos están dando los primeros pasos en su batalla por la hegemonía del centro derecha. Y en el incipiente arranque del curso político, sus respectivos líderes Pablo Casado y Albert Rivera están clonando sus estrategias. Los mensajes son casi idénticos sobre Cataluña y el debate presupuestario.
Después de la tregua del verano, Casado y Rivera empiezan a medir verdaderamente sus fuerzas. El PP arranca el postmarianismo en la oposición y con un Ciudadanos que le viene pisando los talones desde hace ya varios meses, según recogen todas las encuestas. El partido naranja, por su parte, ha perdido la primera plaza que le auguraban muchos sondeos y busca su propio espacio.
Sin embargo, Casado y Rivera están prácticamente superponiendo su discurso. El nuevo enfoque del Gobierno socialista con Cataluña, abierto al diálogo con las fuerzas independentistas, y la polémica en torno al techo de gasto son hasta ahora las grandes fugas de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno está a punto de cumplir tres meses en la Moncloa.
La diferencia está en el 155
La oposición de PP y Ciudadanos es casi idéntica en sus mensajes contra el separatismo o el caso del juez Pablo Llarena. Por supuesto existen matices. Y los dos partidos pelean cada centímetro de cada matiz con una iniciativa propia que marque la diferencia. Hay, sin embargo, una discrepancia relevante entre ambos. Rivera pide un nuevo 155 en Cataluña, al menos para el control de los Mossos, los medios de comunicación públicos y las cuentas públicas. El PP no ha sido claro a ese respecto. Al menos, no ha exigido a Sánchez que lo active.
El partido naranja fue el primero también en organizar grupos para retirar lazos amarillos y simbología separatista de los espacios públicos en Cataluña. Después de la agresión sufrida por una mujer, la Fiscalía ha anunciado que investigará las identificaciones practicadas por los Mossos a personas que quitaban lazos.
Tanto Rivera como Casado están abanderando también la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El Gobierno, que primero se negó a prestarle asistencia jurídica ante la demanda que Carles Puigdemont ha interpuesto contra él en la justicia belga, ha rectificado. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha dicho que el Gobierno apoyará a Llarena hasta "sus últimas consecuencias".
Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a que apoye "sin fisuras" la labor de jueces y fiscales, y reclama expresamente al Gobierno que preste "todo su apoyo y asistencia" a Llarena. El PP, por su parte, ha pedido a la Fiscalía estudiar si puede querellarse contra el juzgado belga que lleva la demanda contra Llarena por "inmiscuirse en la inmunidad y la integridad de la jurisdicción española".
"Es una afrenta a todo el poder judicial español y la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto se puede querellar contra ese juzgado belga por inmiscuirse en una inmunidad e integridad de la jurisdicción española”, ha dicho Casado.
"Defender al Estado no es una opción, es una obligación democrática”, ha asegurado Rivera. "Es fundamental que la soberanía nacional defienda la jurisdicción española en el golpe de Estado y defender a los jueces que están siendo acosados por parte del separatismo".
¿Bloqueo en la Mesa?
PP y Ciudadanos han registrado además una batería de solicitudes de comparecencias de ministros y altos cargos en el Congreso. Todas se han ido sustanciando -por una u otra vía- en la Diputación Permanente de la Cámara baja. Esas peticiones responden a las críticas de estos meses: inmigración, diálogo con el separatismo, nombramientos polémicos del PSOE en la administración. Los dos partidos suman la mayoría en la Mesa del Congreso, que ordena el trabajo parlamentario.
El PP dejó entrever hace unos días que podría bloquear cualquier iniciativa del Ejecutivo que tenga que ver con la reforma de la senda de déficit. Sánchez, de acuerdo con Podemos, aspira a que el Senado no tenga que aprobar el techo de gasto, previo a cualquier presupuesto, como ocurre ahora. El PP tiene la mayoría absoluta en el Senado y considera que la iniciativa del PSOE, con 84 escaños, es una cacicada.
Desde Ciudadanos, no comparten la reforma y la manera en la que se está planteando, pero la dirección naranja prefiere centrar sus esfuerzos en otras líneas de oposición, como puede ser la subida de impuestos que ha anunciado el presidente. La voluntad del partido de Rivera no es torpedear la iniciativa legislativa propia de un Ejecutivo. Otra cosa es su debate parlamentario.
