El Gobierno catalán ha aprobado este martes presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que indague si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, cometieron delito con la rectificación sobre las hipotecas.
El Supremo acordó la semana pasada que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que dio un paso atrás en la reciente doctrina, que imponía a la banca el pago de este gravamen.
Como ya anunció la semana pasada la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, el Govern ha acordado autorizar la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, al entender que Lesmes y Díez-Picazo podrían haber incurrido en un delito, ya que "la revocación de una sentencia firme vulnera las propias leyes" del Tribunal Supremo.
Diligencias
Por ello, pedirán de inmediato a la Fiscalía que abra diligencias para determinar la "existencia de ilícitos penales" y la "eventual responsabilidad de estas personas y de otras" que hayan podido "intervenir o colaborar de forma activa y consciente en la comisión del delito".
La denuncia que presentará en breve el Ejecutivo catalán resalta que el "cambio de criterio" del Supremo supone un "giro que beneficia las entidades bancarias y perjudica claramente a una gran parte de la ciudadanía con cargas hipotecarias".
