El miembro de los Comitès de Defensa de la República (CDR) Adrià Carrasco, acusado por la Fiscalía española de presunta sedición, rebelión y terrorismo y a quien la Guardia Civil no encontró en su domicilio el pasado de abril cuando iba a ser detenido, se presentó hoy en Bruselas ante la prensa.
Carrasco había sido acusado en el marco de la operación "Cadera" contra sabotajes en las vías públicas, en la que se detuvo y se acusó de los mismos delitos a la activista Tamara C.G., a quien el juez rebajó los cargos a presunto delito de desórdenes públicos, penado con hasta 3 años de cárcel (6 en su vertiente más agravada).
La Fiscalía recurrió esa decisión de la Audiencia Nacional sobre Tamara C.G., contra quien el tribunal decretó medidas cautelares: comparecencias semanales en el juzgado, prohibición de salir de su municipio de residencia salvo para ir al trabajo, y autorización judicial para cualquier salida del término municipal en el que reside, entre otras.
Nunca fue localizado
Carrasco nunca fue localizado por la Guardia Civil ni compareció ante el juzgado y se desconocía su paradero hasta que hoy ha aparecido en Bruselas en un acto en el que estuvo acompañado por Christophe Marchand, uno de los abogados del expresidente catalán Carles Puigdemont en Bélgica, y al que asistió el exconsejero autonómico huido Lluis Puig.
"Podría haber sido yo o cualquier otro (...) Estoy en el exilio", declaró Carrasco a la prensa en la conferencia celebrada en un local de la asociación Organización de los Pueblos y Naciones sin Representación.
Preguntado por si regresaría a España en caso de que se rebajen los cargos contra él, el activista, de 25 años, señaló que lo pensará llegado el momento si se da esa circunstancia, y dijo que en Bélgica está "trabajando" y buscándose "la vida", sin más precisiones sobre su día a día o sobre cuándo llegó a ese país.
No hay euroorden
Por su parte, su abogado indicó que España no ha cursado ninguna euroorden para solicitar a Bélgica que entregue al CDR a las autoridades judiciales españolas. "No lo sabemos. Estamos esperando. Quizá venga, quizá no. Espero que no", dijo Marchand, quien agregó que entiende que "aún hay un riesgo legal" en España para su nuevo cliente.
Marchand añadió que su despacho, en el marco de la defensa internacional de los casos relacionados con el independentismo catalán, ha "recolectado 13 informes de todo tipo de organizaciones" con diez tipos de presuntas violaciones de derechos en España, entre las que se cuentan la presunción de inocencia, el derecho un juicio justo o a participar en elecciones, o la libertad de expresión.
En el caso de Carrasco, en concreto, señaló que considera que se ha vulnerado su derecho de "libertad de movimientos", porque no puede regresar a España como querría, ya que existe una orden de detención contra él, y de "libertad de expresión".
