Ciudadanos ha anunciado este lunes que acudirá a la Fiscalía para garantizar que no se destruyan las grabaciones realizadas en la madrugada del pasado 20 de enero por las cámaras de seguridad del Aeropuerto de Barajas del encuentro mantenido entre el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que fue desvelado por Vozpópuli.
El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha indicado que esta medida busca "asegurar" que no se destruyen las cintas de Barajas "que pueden probar que la número dos de Maduro pisó suelo europeo", cuando Delcy Rodríguez tiene prohibidos la entrada y el tránsito en el espacio Schengen.
"El 'Delcygate' ha ido demasiado lejos. El Gobierno ha mentido y vetado una comisión de investigación. ¿Qué más hará para tapar la verdad?", se ha preguntado el diputado de la formación naranja en un apunte publicado en su cuenta personal de Twitter.
El Delcygate ha ido demasiado lejos. El Gobierno ha mentido y vetado una comisión de investigación. ¿Qué más hará para tapar la verdad?
?Cs acude a la Fiscalía para asegurar que no se destruyen las cintas de Barajas que pueden probar que la número 2 de Maduro pisó suelo europeo
— Edmundo Bal (@BalEdmundo) February 17, 2020
Bal hacía así referencia al bloqueo para crear una comisión de investigación sobre el encuentro entre Ábalos y Rodríguez en el Congreso por parte de PSOE y Unidas Podemos, junto a otros grupos minoritarios como el PNV, Bildu o la CUP.
Denuncia del PP y Vox
Esta medida se suma a la iniciativa en este mismo sentido por parte de Partido Popular y Vox, que también han presentado denuncia ante el Ministerio Público después de que Ábalos ofreciera varias versiones sobre lo ocurrido.
Además, se une a la batería de preguntas que la formación naranja ha registrado en el Congreso y el Senado para esclarecer el encuentro entre el ministro de Transportes y la vicepresidenta venezolana, una cuestión que también ha llevado a Estrasburgo.
Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en el espacio de libre circulación Schengen desde junio de 2018, cuando su nombre fue incluido en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por ser cómplices de la represión en Venezuela. Esto implica que tiene prohibida la entrada a suelo europeo y que sus activos en la UE serán congelados.