El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) va a defender el próximo jueves ante el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) por la que pide que los funcionarios de prisiones, en el ejercicio de sus funciones, tengan la consideración de autoridad pública.

Concretamente, en virtud de la iniciativa, recogida por Europa Press, el partido naranja quiere que el Consejo de Gobierno inste al Gobierno central a modificar el artículo 80.2 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria, de 26 de septiembre, para que los funcionarios de prisiones tengan la consideración de autoridad pública.

Igualmente, reclama que se mejoren las condiciones de salud y seguridad, que reduzcan las acciones violentas hacia el personal penitenciario y que garantice su indemnidad física ante las agresiones y, asimismo, promover los procesos selectivos oportunos que doten a los centros penitenciarios del personal necesario y suficiente.

Actuaciones violentas

Cs argumenta la iniciativa apoyándose en los datos publicados relativos al periodo comprendido entre 2011 y 2016 por el Ministerio del Interior y Acaip, que reflejan que siete de los 19 establecimientos penitenciarios donde se producen más actuaciones violentas se encuentran en Andalucía, concretamente en las prisiones de Sevilla II, Córdoba, Puerto III (Morón de la Frontera, Sevilla), Puerto 1 (El Puerto de Santa María, Cádiz), Botafuegos (Algeciras, Cádiz), Málaga y Albolote (Granada).

Además, entre las situaciones violentas, señala que hay más de 2.100 agresiones padecidas por el personal penitenciario en todo el país, siendo un cuarto de éstas, concretamente 455, las que se incardinarían en Andalucía, según fuentes del Ministerio de Interior, UGT, Acaip, CSIF y CCOO, lo que vincula "a la inexistencia de un Protocolo de Agresiones que establezca medidas de carácter preventivo y en caso de producirse las mismas, la existencia de un deficiente sistema sancionador y disciplinario para los agresores".

A juicio del partido naranja, estas situaciones "están relacionados con el estatus del personal penitenciario y el inexistente carácter de agente de la autoridad que tienen estos funcionarios". "Pese a que nadie duda del ejercicio de autoridad que los funcionarios de prisiones ejercen en su lugar de trabajo, especialmente aquellos que se encuentran en contacto directo con los internos, lo cierto es que ninguna ley les concede el rango de agentes de la autoridad", lamenta Cs, que cree "muchas de las agresiones que han sufrido estos funcionarios se hubiesen evitado si estos hubiesen sido reconocidos como agentes de la autoridad".