La comisión territorial que el PSOE registró en el Congreso en septiembre y que echó a andar con el apoyo del PP no se pondrá en marcha hasta enero. Los socialistas suman un nuevo fracaso en este órgano, que querían que sirviera de punto de encuentro para buscar soluciones a la crisis catalana y abrir camino a la reforma de la Constitución, al no lograr que las primeras comparecencias tengan lugar en diciembre: PP, Ciudadanos y UPN han forzado que no arranque hasta enero, para alejar sus trabajos de la campaña del 21D.
La intención del PSOE era que el próximo 4 de diciembre, a sólo dos jornadas del Día de la Constitución, se abriera la puerta de la comisión para recibir a los padres vivos de la Carta Magna, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca (Convergència). Pero, según ha explicado la número dos del partido y portavoz en este órgano, Adriana Lastra, "las derechas" se han negado.
De esta manera, es altamente probable que no haya comparecencias hasta enero, ya que la próxima cita de la mesa y portavoces de la comisión será el 13 de diciembre. Ese día, los grupos tratarán de acordar un plan de trabajo, para lo que deberán hacer llegar sus propuestas antes del 7 de diciembre.
"Puede ser elemento distorsionador en campaña"
Según ha explicado el PSOE, había propuesto que los tres padres de la Constitución comparecieran aunque no estuviera preparado el plan de trabajo, pero PP, Ciudadanos y UPN lo han rechazado. El portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, ha defendido que todos podrían convenir en que no es "lo más conveniente" que "los trabajos de esta comisión se inicien en plena campaña electoral", porque "puede ser un elemento distorsionador".
La patada hacia adelante en la comisión ha generado un gran malestar en los socialistas. La vicesecretaria general ha criticado que se busque un retraso por "una cuestión electoral" y ha defendido que es "un error". "Este país no se merece juegos de trileros en la evaluación del modelo territorial del país", ha dicho.
Pero, además de por las fechas, PSOE y PP han chocado por el objetivo de los trabajos de la comisión. Los socialistas insisten en que conducirá a abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, porque ese fue el compromiso que adquirió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y rechazan que sea el lugar para abordar la reforma del sistema de financiación, que, defienden, debe ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Mientras tanto, los 'populares' niegan que esta comisión prejuzgue que después se vaya a abrir el melón de la reforma de la Carta Magna y ponen todo el acento en el cambio del modelo de financiación autonómica. Aunque convienen en que es un asunto de discusión con las comunidades autónomas, Bermúdez de Castro ha insistido este jueves en que la comisión puede ayudar a fraguar un acuerdo.
Es más, ha acusado al PSOE de "ponerse de perfil" y le ha pedido que se ponga ya a dialogar con el Gobierno, porque "sólo falta voluntad política" para lograr un pacto. Además, ha avisado de que Moncloa no va a presentar un nuevo modelo hasta que no exista un acuerdo político.
Mientras tanto, Ciudadanos mantiene su escepticismo. El vicepresidente de la Mesa del Congreso Ignacio Prendes ha expresado su conformidad con que los trabajos empiecen en enero y ha cargado contra el PSOE por poner "restricciones" a la hora de hablar de financiación autonómica. A su juicio, esto demuestra que, con este órgano, los socialistas sólo pretendían poner "una pista de aterrizaje" a los independentistas.
