Mientras el capo Francisco Correa anda estos días en sede judicial tirando de la manta, la depuración de responsabilidades políticas por los casos de corrupción que han ido salpicando al PP (Gürtel, Bárcenas, Púnica, Imelsa…) todavía no está clara. Y ello pese a que existe un acuerdo al respecto sellado el pasado agosto por Ciudadanos y los propios populares. La intención de estos últimos, como publicaba el diario El País, pasa por dirimir estos asuntos en la Comisión de Calidad Democrática para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, ya creada en el Congreso en este inicio de la XII Legislatura y presidida por Toni Cantó, diputado de Ciudadanos.
Sin embargo, lo que exigió el partido de Albert Rivera al PP en verano, como paso previo e ineludible para negociar un pacto de investidura, fue otra cosa: una nueva comisión que investigue la “presunta financiación irregular del PP”. Así consta en el texto de las seis medidas anticorrupción que firmaron los portavoces de sendos grupos parlamentarios, Rafael Hernando (PP) y Juan Carlos Girauta (C’s).
Ante la posibilidad de que los populares traten de dar bajonazo a tal examen monográfico de los casos más polémicos en que se han visto envueltos, desde C’s avisan: “Tienen que crearla. Se comprometieron. No hay discusión posible al respecto”, declaran fuentes de la dirección naranja a Vozpópuli. Aunque ello no tendría por qué poner en peligro el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Mariano Rajoy, sí que se presume como un importante punto de fricción entre ambas formaciones en cuanto eche a andar la legislatura (si los socialistas lo permiten).
En los tres primeros meses
El documento de las seis medidas anticorrupción establece que “estas condiciones se deberán tramitar durante los tres primeros meses de la XII legislatura, a contar desde la fecha de investidura”. De esta manera, si hay Gobierno en la última semana de octubre, el PP tendría hasta finales de enero como plazo límite para crear esa nueva comisión de investigación sobre su “presunta financiación irregular”. Lo contrario, no abrir esta mesa y rebajarla a la ya creada Comisión de Calidad Democrática, sería entendido por la cúpula de Ciudadanos como un incumplimiento flagrante de aquel acuerdo, que fue esencial para cambiar de la abstención al ‘sí’ a Rajoy.
Tienen que crear la comisión. Se comprometieron. No hay discusión posible al respecto”, sostienen fuentes de la cúpula naranja
Sobre el papel, ese pacto de las seis condiciones habla formalmente de una “comisión de investigación”. Sin embargo, en el caso de la antes citada, la de Calidad Democrática para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales, se trata, desde un punto de vista técnico y con el reglamento de la Cámara baja en la mano, de una “comisión permanente no legislativa”. Es, por tanto, de distinta tipología a la que exige el partido Rivera y que aparece regulada en el artículo 52 del Reglamento dentro del apartado de las “comisiones no permanentes”, es decir, aquellas que se extinguen a la finalización del trabajo encomendado. Ahora mismo ya existen algunas de éstas como las de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Políticas Integrales de la Discapacidad, Cambio Climático o de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
El citado artículo 52 señala que “el Pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público”. Dicha votación requiere mayoría simple del Pleno y no de la Mesa del Congreso, por lo que los populares, con 137 diputados de 350, tienen un problema si son sus socios (los 32 representantes de Ciudadanos) quienes exigirán que esa comisión de investigación monográfica sobre los casos Gürtel, Bárcenas, Púnica, Imelsa… salga adelante.
El precedente de Granados
El patrón que defiende Ciudadanos es el mismo que se ha seguido en la Asamblea de Madrid. En este Parlamento autonómico, la Mesa (no el Pleno, porque así lo fija su reglamento) aprobó la creación de una “Comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid”, cuyo carácter es de “no permanente”.
Por esta mesa, abierta para “determinar las responsabilidades” de operaciones de supuesta corrupción conocidas en las últimas dos legislaturas y en la presente, han desfilado excargos del PP como Francisco Granados o Pedro Gómez de la Serna y dirigentes en activo como la portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre. La única diferencia entre el escenario de la Cámara de Vallecas y el Congreso de los Diputados es que en la primera no existe ninguna comisión permanente no legislativa, de tipo genérico, referida a la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, como la que ya preside Toni Cantó en la Carrera de San Jerónimo.
