Desde que comenzó la legislatura, la política de vetos del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido objeto de duras críticas por parte del PSOE y de Podemos, que acusaron al anterior Ejecutivo de inactividad legislativa y de atesorar un récord en vetos en materia de políticas sociales. Tanto es así que el enfrentamiento terminó con un conflicto de atribuciones que recientemente fue resuelto por el Tribunal Constitucional con un tirón de orejas a Moncloa que, desde Ciudadanos, quieren aprovechar ahora para que Sánchez, nuevo inquilino del palacio, se retrate sobre si quiere heredarlos o rechazarlos.
Cs quiere que Sánchez revise iniciativas vetadas socialistas para igualar los permisos de paternidad y maternidad y para el fomento del alquiler estable de viviendas
A propuesta de la formación naranja, la Mesa del Congreso ha acordado este jueves remitir al nuevo Gobierno del PSOE decenas de vetos que el Ejecutivo del PP presentó a leyes de la oposición y que aún estaban pendientes de resolución en la Cámara Baja. Mientras que el PSOE ha votado que los escritos sí sean remitidos a Moncloa, el PP ha declinado oponerse y ha optado por la abstención. En concreto, Cs ha destacado dos de las iniciativas vetadas y que precisamente son socialistas: una para igualar los permisos de paternidad y maternidad y otra para el fomento del alquiler estable de viviendas.
Laberinto administrativo
Como es sabido, tanto el Gobierno como el Congreso de los Diputados disponen de la iniciativa legislativa, de presentar proyectos o proposiciones de ley que, en caso de ser aprobados, se convierten en ley. Sin embargo, según explica el letrado de las Cortes Generales y profesor de Derecho Constitucional Fernando Santaolalla, la iniciativa de los grupos parlamentarios está afectada por algunas limitaciones como la del veto, una prerrogativa gubernamental que frena el trámite de las proposiciones o enmiendas que suponen el aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
Sánchez tendrá que evaluar si 'heresa' los vetos o si los rechaza y, por ende, lleva a cabo la tramitación de sus propias leyes, lo que presumiblemente aumentaría notoriamente el gasto presupuestario
Acogiéndose a lo establecido en la Constitución, el Gobierno del PP presentó esta legislatura decenas de vetos a proposiciones de ley de la oposición o de parlamentos autonómicos al considerar que alteran sus previsiones presupuestarias, pero hoy el manejo de esos presupuestos corresponde a un nuevo Gobierno, el de Sánchez, que tendrá que evaluar si continúa con los vetos o si decide rechazarlos y, por ende, llevar a cabo la tramitación de sus propias leyes aumentando con ello el gasto presupuestario.
Según ha defendido el vicepresidente primero de la Mesa y diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, es "lógico" que el nuevo Gobierno se pronuncie dadas las "incidencias" de las últimas semanas. Por un lado, el Tribunal Constitucional aplicó el pasado mes de abril un sonado correctivo a La Moncloa al resolver por unanimidad que la Mesa del Congreso tiene potestad para rechazar, a su vez, los vetos presupuestarios que imponga el Ejecutivo a las proposiciones de ley de la oposición cuando compruebe que el Gobierno no ha cumplido los requisitos que se le exigen. Es decir, cuando el Ejecutivo demuestre que la iniciativa vetada afecta de una forma real a los presupuestos en vigor.
Sin control en las Mesas
Por otro lado, en medio de este laberinto administrativo, se ha producido la principal incidencia: un cambio de Gobierno propiciado por una moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Rajoy. "Hay una nueva doctrina del TC y hay un nuevo Gobierno, por lo que, antes de que la Mesa y la Junta se pronuncien, el Gobierno de Sánchez se debe pronunciar sobre si hereda o retira los vetos", señalan fuentes parlamentarias.
La petición de Ciudadanos no afectaría a los llamados vetos firmes, aquellos que ya fueron impugnados dos veces hace meses y por dos veces se rechazó el recurso en la Mesa del Congreso. De esta forma, no entraría dentro de los planes de la formación naranja reabrir expedientes parlamentarios de iniciativas que ya han sido cerrados. Otra cosa es que los grupos decidan presentar de nuevo iniciativas que ya habían sido vetadas.
Entre las barreras de Sánchez para sacar sus medidas adelante, además su minoría parlamentaria (84 diputados de una Cámara de 350) y de la amplia mayoría absoluta que aún conserva el PP en el Senado, cabe destacar que los socialistas no tienen el control de ninguna de las Mesas de las Cámaras, algo clave para controlar los tiempos y la tramitación de las iniciativas.
