El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha negado este jueves que el protocolo, a iniciativa de la CUP, aprobado en el Parlamento catalán para limitar la entrada de la policía judicial de la Guardia Civil en el marco de operaciones anticorrupción tenga una "intencionalidad política". En rueda de prensa en la sede de Ventas y a pregunta de Vozpópuli, el número dos de Albert Rivera ha afirmado que el texto "no restringe" la labor de Instituto Armado, sino que se limita a "regular" su acceso en el Parlament.
Así mismo, Villegas ha manifestado que "en Ciudadanos creemos que es bueno que se salvaguarde sobre todo la actuación de los profesionales, de los trabajadores de la Cámara, que no tienen que verse envueltos en determinadas decisiones que corresponden en este caso a la Cámara o la presidenta".
Acto seguido, el diputado naranja ha matizado que "en todo caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que acceder a cualquier un recinto público cuando actúan como policial judicial y serán las órdenes los jueces las que marcarán esa actuación".
La entrada de la policía judicial de la Guardia Civil en el Parlamento catalán que llevó a los independentistas de la CUP a pedir este protocolo tuvo lugar a finales de julio y se desarrollo en el marco de la investigación del caso 3%. Fue el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Carlos Ramos, con apoyo del fiscal anticorrupción José Grinda, quien autorizó que agentes del Instituto Armado entraran en el Parlament para encontrar pruebas en la agenda personal del diputado Germà Gordó (antes de Junts Pel Sí, ahora no adscrito), al que se le atribuye haber contactado con empresarios para exigirles comisiones ilegales para Convergència.
Además, Villegas ha tirado este jueves de argumentario y ha recalcado que el protocolo ha sido realizado por los letrados del Parlamento y que "es muy similar al que hay en otras Cámaras legislativas". Ciudadanos y el PSC votaron a favor de este documento en la reunión que celebró ayer la Mesa del Parlament. El PP, que tiene voz, pero no votó, se posicionó en contra.
Se da la circunstancia de que dicho protocolo, de cinco páginas, restringe el acceso de la policía judicial al Parlament en tanto otorga la decisión de permitir la entrada a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell (Junts Pel Sí), expresidenta de la ANC. En concreto, el punto 6 dice que los agentes podrán entrar "si aportan una orden judicial, y la presidencia ha autorizado la entrada". Esto deja a Forcadell la última palabra y podría esgrimir cualquier pretexto para impedir el ingreso.
Además, el protocolo obliga a los agentes a permanecer con el rostro descubierto, a depositar sus arman y a esperar en una sala de la planta baja del edificio para la entrega de la documentación requerida.
Desde la Asociación Unificada de la Guarda Civil (AUGC), tal y como ha publicado Vozpópuli, se ha criticado este protocolo, que consideran una "provocación". "Decir cómo deben actuar los agentes del Estado puede suponer una extralimitación de las competencias del Parlament", ha apuntado el portavoz de la AUGC, Juan Fernández, a este diario.
