El Gobierno de Ada Colau se ha ofrecido a prestar asesoramiento legal a 300 independentistas "afectados" por las cargas policiales del pasado 1 de octubre. El Ayuntamiento de Barcelona da así un paso más en su colaboración con los independentistas, organizados ya entonces en los CDR (Comités de Defensa de la República), que aquel día trataron de impedir a Policía Nacional y Guardia Civil el cierre de colegios y la retirada de urnas en el referéndum ilegal de secesión.
Hasta la fecha, el Consistorio dirigido por la líder de Catalunya en Comú se había personado como acusación popular en una veintena de casos judiciales relacionados con estos hechos y todavía en fase de instrucción. Ello, con el presupuesto municipal de todos los barceloneses. Ahora, la marca de Podemos en Cataluña eleva su apoyo a estos separatistas y les invitan a una reunión el próximo 10 de abril para "compartir estrategia en los procesos penales a seguir contra los excesos policiales".
Y es que estos alrededor de 300 activistas ya presentaron por su cuenta sus respectivas denuncias por presuntas lesiones producidas durante la jornada de votación ilegal en Barcelona. El magistrado Francisco Miralles, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la Ciudad Condal, aceptó abrir una investigación al respecto, rechazando el criterio de la Fiscalía de archivar estos casos en tanto no afectaron a la "convivencia ciudadana". Miralles también admitió a trámite una querella de la Generalitat contra el dispositivo policial del 1-O.
El dirigente del Ayuntamiento barcelonés encargado de asesorar a estos particulares es el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens. Este abogado, persona de la máxima confianza de Colau, sostiene que "aquel 1 de octubre debíamos recuperar, independentistas y no independentistas, el espíritu colectivo de una movilización de desobediencia pacífica y democrática". Sin embargo, el Ministerio del Interior informó el 2 de octubre de que un total de 431 policías y guardias civiles resultaron heridos de diferente consideración en el dispositivo desplegado para retirar urnas e intervenir material electoral del referéndum ilegal.
Para Asens, tal y como afirmó hace unos días en su cuenta de Twitter, la jornada del 1-O, de la que se acaban de cumplir 6 meses, ha sido "el momento de máxima violencia institucional y de máxima auto-organización popular de los últimos 30 años".
Avui fa 6 mesos de l’ #1-O. El moment de màxima violència institucional i de màxima autoorganització popular dels últims 30 anys. No ho oblidem!
— Jaume Asens ?? (@Jaumeasens) March 30, 2018
El pasado martes, la alcaldesa de Barcelona manifestó que no hubo violencia en las acciones de sabotaje protagonizadas por los CDR durante la Semana Santa. Así, instó a "mirar la causa de las protestas", que definió como "pacíficas" y "lógicas" cuando, a su juicio, "la judicialización se ha visto que ha sido un fracaso" para resolver el conflicto catalán.
En una entrevista en Antena3, Colau dijo que no comparte el "auto-boicot" de los CDR, pero rechazó crear "alarma social con algo que hasta ahora, no ha sucedido". La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación para identificar a los integrantes de los CDR que organizaron escraches, cortes de carreteras y levantamientos de barreras de peajes en distintos puntos de Cataluña. El Ministerio Público considera que podrían estar cometiendo "delitos de rebelión, malversación y otros delitos contra el orden público".
Por su parte, el exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, calificó ayer "buena noticia" que la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciase esta investigación, ya que "preservar el Estado de Derecho, la seguridad y la normalidad en las calles es importante en Cataluña", recalcó.
