Las autoridades de Colombia han reclamado a España la extradición del exmilitar John L. R. P, uno de los protagonistas de los asesinatos extrajudiciales o "falsos positivos" que se produjeron en este país sudamericano entre los años 2007 y 2008, y que fue indultado tras delatar a sus superiores como presuntos responsables de 28 muertes, según explica a Vozpópuli la abogada del ciudadano colombiano.
El militar colombiano, que se encontraba en España con visa de turista, fue arrestado en noviembre del año pasado, y posteriormente conducido a la madrileña prisión de Soto del Real, en la que permanece desde entonces.
Este pasado lunes la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional acogió vista para la extradición de John L. R. P, cuya letrada se ha opuesto a la misma, ya que su cliente teme por su vida si es conducido a Colombia, según explican fuentes de su defensa a esta redacción. La decisión sobre la extradición la tomará en los próximos días la Audiencia Nacional.
Este antiguo integrante del Batallón Francisco de Paula Santander, que obtuvo el rango de cabo tercero, reconoció en una comisión de la verdad y en diferentes entrevistas en prensa haber participado en los asesinatos.
Sin embargo, obtuvo el indulto tras denunciar a superiores de gran relevancia, como por ejemplo el general Mario Montoya, que fue comandante en jefe del Gobierno colombiano de Álvaro Uribe. Y por este motivo John L. R. P. considera que estaría en peligro en Colombia, al igual que sus familiares, que han abandonado su región de origen.
"Total impunidad"
En una entrevista radiofónica realizada unos meses antes de ser arrestado en España, el exmilitar contó cómo a pesar de las denuncias ante los organismos de control y de justicia del Estado colombiano, muchos de estos militares implicados en estos casos de "falsos positivos" gozan de "total impunidad" e incluso son protegidos por el Estado.
Además, John L. R. P aseguró tener conocimiento, de fuentes militares, de que habían ofrecido 50 millones de pesos colombianos (14.000 euros) a cambio de asesinarle.
En cuanto a su situación profesional, contó que la inteligencia militar colombiana le ha hecho la vida "imposible", al mismo tiempo que fue expulsado del Ejército colombiano, estamento en el que sufrió, según explica en la entrevista, un constante acoso, y sin contar con ninguna protección por parte de la Unidad de Protección de Testigos de Colombia.
Testigo clave
Y por ello pedía a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas que intervengan para que los militares colombianos implicados en estos casos sean juzgados. También reclamó que se le brinde la seguridad necesaria como testigo clave en el caso de los "falsos positivos".
En Colombia, la denominación de "falsos positivos" se daba a las personas que habían sido asesinadas al azar por los militares, que les hacían pasar como guerrilleros de las FARC o del ELN. Y cometían estas ejecuciones extrajudiciales para cobrar por cada uno de los muertos, y por el material requisado.
Según el exmilitar preso en España, en esa época en Colombia estaba vigente la directiva 029 (de noviembre de 2005 del Ministerio de Defensa colombiano), que establecía los precios de las bajas de las guerrillas (en seres humanos) y de los materiales de guerra que se recuperaban. A cada baja y material recuperado les correspondían sus respectivas recompensas.
