La decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de trasladar las explicaciones sobre el cese del coronel jefe de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, a la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, también conocida como Comisión de Secretos Oficiales, ha despertado el recelo de PP y Ciudadanos. La oposición no entiende que el Gobierno recurra a ese espacio, cuyas reuniones son secretas y donde sólo puede participar un diputado por cada grupo parlamentario, para informar sobre una destitución.
El hecho de que aún falte más de un año y medio para que finalice la actual legislatura y la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados registre ya 16 iniciativas lleva a pensar que la duodécima legislatura podría convertirse en el periodo con mayor actividad parlamentaria en cuanto a Secretos Oficiales se refiere. El récord estaría fijado en las 22 iniciativas tratadas en este espacio durante la IX legislatura (2008-2011). Y, hasta ahora, los ceses en altos cargos no habían entrado en juego.
Pero, ¿qué temas son susceptibles de ser sometidos a control en esta Comisión? Aquellos relacionados con los fondos reservados que son asignados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado a cuatro departamentos: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que es con diferencia el organismo con mayor cuantía, la Secretaria de Estado de Defensa del Ministerio de Defensa y los Ministerios de Interior y Asuntos Exteriores.
Control parlamentario
La primera vez que aparece como comisión permanente no legislativa es en la VIII Legislatura (2004-2008), cuando el PSOE obtuvo mayoría simple en el Congreso de los Diputados y José Luis Rodríguez Zapatero formó su primer Gobierno. Así, la regulación de este tipo de gastos viene dada por la Ley 11/1995, de 11 mayo, de Regulación de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados, pero el control efectivo se realiza en el Parlamento, que establece la ley de acuerdo a la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 11 de mayo de 2004, sobre secretos oficiales. A partir de entonces, solo la pasada legislatura, la breve y fallida, no contó con esta comisión.
En la IX legislatura, se requirió información sobre la situación de las tropas en Afganistán o el secuestro y liberación de los buques atuneros Alakrana y Playa de Bakio, cerca de las costas de Somalia
De acuerdo a la página web del Congreso, gran parte de la actividad registrada en esta 'desconocida' comisión hace referencia a solicitudes de comparecencia del Director del CNI con el fin de que informe sobre los gastos reservados. En la IX legislatura, por ejemplo, entre otros asuntos, se requirió información sobre vigilancia a cargos políticos, la situación de inteligencia y la seguridad de las tropas españolas en Afganistán o el secuestro y liberación de los buques atuneros Alakrana y Playa de Bakio, cerca de las costas de Somalia.
CNI, Corinna...
Así lo publica la Fundación para estudios parlamentarios y del Derecho autonómico 'Manuel Giménez Abad' en uno de sus cuadernos , donde además añade que se solicitó información sobre vuelos y escalas de naves norteamericanas en las bases militares y civiles españolas susceptibles de haber trasladado prisioneros desde 2002 a 2008 o el riesgo de que la empresa rusa Lukoil participe en la empresa española Repsol, la utilización de los fondos reservados, etc. En la X legislatura actual, cuando el PP obtuvo mayoría absoluta en ambas cámaras y Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno por primera vez, se anotan ocho actividades de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados.
Según recoge la Fundación Manuel Giménez Abad, dos de estas actividades fueron comparecencias de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría -de quien dependía, en última instancia, el CNI- para informar sobre los gastos reservados en 2011 y el primer semestre de 2012 y sobre el supuesto informe 'Horizonte después' al que se abría dotado de diez millones de euros para conocer el escenario de una eventual Cataluña independiente.
Y otras seis comparecencias del Director del CNI, general Félix Roldán, para declarar sobre el citado informe, la presunta investigación a dirigentes políticos, sociales y empresariales, la supuesta vinculación de la comisionista internacional Corinna zu Sayn-Wittgenstein con los servicios de inteligencia españoles, la relación del CNI con el hacker argentino Matías Bevilacqua, o sobre el caso de Flayeh al Mayali, un traductor detenido hace nueve años en un acuartelamiento español en Iraq.
Abdelbaki es Satty, WannaCry
En lo que va de XII legislatura, ya que en la anterior no se llegó a constituir esta comisión, se han registrado 16 iniciativas, sin contar la solicitud de comparecencia que anunciado este miércoles Grande-Marlaska a cuenta del cese de Corbí. Entre ellas, de mayor a menor cercanía en el tiempo, destaca la solicitud de comparecencia del director del CNI para informar en relación con la difusión de la grabación entre el comisario Villarejo y Corinna; la comparecencia de la Ministra de Defensa para que explique las supuestas amenazas que el propio director del CNI habría efectuado en el hotel Connaught de Londres sobre la alemana y sus hijos, así como las dos posibles operaciones de inteligencia que el CNI habría efectuado tanto en Londres y en Mónaco para sustraer documentación comprometedora relativa al rey emérito Juan Carlos de Borbón.
Otra solicitud de comparecencia es la del Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia con el fin de que explique si ha existido relación alguna entre personas de dicho Centro y Abdelbaki es Satty o la de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales para que informe sobre la posible injerencia de otros países en la crisis política de Cataluña.
También figuran solicitudes de comparecencia del subdirector Centro Criptológico Nacional para informar de la afectación del ataque informático WannaCry en los sistemas informáticos de la Administración Pública y las empresas españolas y de otros máximos responsables para que den cuenta de la veracidad o falsedad de informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre grabaciones de las comunicaciones realizadas a altas autoridades del Estado; el uso de fondos reservados del Estado para encubrir el comportamiento de instituciones del Estado; las actividades del CNI y su enfrentamiento con Cuerpos policiales o sobre la existencia de información elaborada por dicho centro en relación a Pablo Iglesias Turrión.
