La aprobación de decretos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto este miércoles la guerra del PP y Ciudadanos contra el PSOE en el Congreso. La disolución de las Cortes y la cercanía de las elecciones generales ha avivado la tradicional bronca que ha dominado durante toda la legislatura por las maniobras de los de Pablo Casado y los de Albert Rivera en la Mesa para frenar la actividad legislativa de los socialistas.
En la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente celebrada este miércoles, Ciudadanos ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para aclarar si el decreto que iguala los permisos de paternidad y maternidad cumple o no las condiciones para que su convalidación sea aceptada a trámite.
Los letrados, aseguran fuentes de la Mesa, han expresado "a primera vista" la norma no reviste "palmaria o manifiesta inconstitucionalidad". Por lo que, inicialmente, no habría motivos para frenar su trámite como pretenden los de Rivera. Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara y diputado naranja Ignacio Prendes, ha insistido en que una Ley Orgánica como la que modifica (3/2017) el decreto no puede ser retocada a través de un real decreto sino de otra ley del mismo rango.
En cambio, fuentes del PSOE y próximas a la presidencia del Congreso, argumentan que los artículos (45 y 46) a los que afecta la modificación planteada no tienen carácter orgánico sino ordinario. En teoría, si el decreto es convalidado por la Cámara Baja, la ampliación de los permisos de cinco a ocho semanas en 2019; a 12 semanas en 2020; y a 16 en 2021, entrará en vigor el próximo 1 de abril.
Varias fuentes parlamentarias consultadas consideran que los letrados mantendrán el criterio expresado este miércoles en la reunión de la Mesa de la Diputación Permanente. Si avalan el trámite, Ciudadanos tendría la posibilidad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. Allí, se podría estudiar un posible defecto de forma en la redacción del decreto. En su artículo 1 reconoce abiertamente y sin precisar nada más que modifica una ley orgánica.
Los naranjas echan mano del caso de la ley 60/1986 con la que el Ejecutivo Socialista de Felipe González pretendió cambiar la ley orgánica del Poder Judicial por decreto y que el TC rechazó. Fuentes de Vicepresidencia aseguran que el Gobierno no se arriesgaría a llevar algo inconstitucional que, a priori, debe contar con el visto bueno de los Abogados del Estado.
Al margen de esto, los letrados de la Cámara han avalado este miércoles que los últimos decretos aprobados en Consejo de Ministros -todavía no convalidados- podrán ser tramitados como proyectos de Ley una vez reciban el visto bueno de la Diputación Permanente. Entonces, en base a un informe ad hoc, los grupos podrán introducir modificaciones en plena campaña.
