El Congreso retoma año y medio después el debate sobre la capacidad del Gobierno para vetar las leyes de la oposición por motivos presupuestarios. Este jueves se someterá a debate una enmienda de totalidad del PP al texto presentado en abril de 2017 por Unidos Podemos que pretende modificar los artículos 111 y 126 del Reglamento de la Cámara Baja con el fin de establecer un protocolo claro acerca de los requisitos que debe cumplir el Ejecutivo de turno para justificar su veto.
Tras más de cuarenta ampliaciones del período de enmiendas, el Pleno someterá a debate de totalidad la presentada por los populares. Cuando la iniciativa de los morados fue tomada en consideración en octubre de 2017, contó con el apoyo de la mayoría de partidos a excepción de populares y Ciudadanos. Si la enmienda que se debate este jueves no prospera, la norma seguirá el trámite con las enmiendas parciales.
El derecho constitucional del Gobierno a vetar leyes presentadas por la oposición ante el aumento del gasto o disminución de los ingresos que implique fue durante la primera parte de la legislatura el gran caballo de batalla del PSOE y Unidos Podemos. Más de medio centenar de propuestas fueron paralizadas por el PP con el concurso de Ciudadanos y el conflicto llegó hasta el Tribunal Constitucional. Este órgano dio la razón a la Mesa del Congreso -donde el PP no tiene mayoría- cuando decidió levantar el veto del Gobierno a una iniciativa de los socialistas sobre pensiones no retributivas.
Según la nueva redacción del Reglamento propuesta por los morados, los vetos del Gobierno solo podrán referirse al ejercicio en curso. En caso de que algún grupo lo pida, el Ejecutivo de turno deberá aportar información adicional sobre los motivos esgrimidos. Además, la Mesa del Congreso también podrá reclamar a la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales un informe sobre el impacto de la norma en las cuentas públicas.
El otro gran caballo de batalla fue la ampliación eterna de los plazos de enmiendas de aquellas proposiciones de ley que conseguían superar el filtro del Ejecutivo, como la propia reforma del Reglamento que se debate este jueves. Según defendieron los populares, la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso supone una reforma "encubierta" de la Constitución porque, a su entender, Podemos pretende que la Mesa del Congreso sea "juez y parte" y se arrogue la competencia del Tribunal Constitucional de interpretar la Carta Magna.
