El bufete de abogados Legálitas contrató al comisario jubilado José Manuel Villarejo, que permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de un "clan policial mafioso", según la definición de la Fiscalía anticorrupción, para que le hiciera informes de seguridad sobre una posible expansión a Colombia, según ha confirmado un portavoz de la firma a 'Vozpópuli'.
Y lo contrató mientras Villarejo era agente de la Policía, algo que la Anticorrupción considera incompatible para un funcionario. Precisamente, un informe de 2 de junio de 2017 de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Función Pública), especifica que no hay constancia de que el comisario Villarejo hubiera solicitado una autorización de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas.
"Se contrataron sus servicios con motivo de la prospección internacional que Legálitas estaba haciendo para abrir despacho en Colombia. Sus servicios consistieron en informes de seguridad por los que fue remunerado", especifica la compañía a preguntas de este diario sobre los vínculos de Villarejo con la empresa presidida por Alfonso Carrascosa.
Favores con Carrascosa
Vozpópuli se ha puesto en contacto con Legálitas tras tener conocimiento de que Villarejo, en una grabación de 9 de julio de 2013, y que está incluida en la pieza separada del 'caso Tándem' denominada 'Land', alardeó de haber "intercambiado favores con Alfonso Carrascosa", el presidente de Legálitas.
En la pieza denominada 'Land' se investigan los supuestos pagos a Villarejo por parte de la empresaria Susana García Cereceda, cuyo padre promovió la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), a cambio de buscar los 'trapos sucios' de otros integrantes de su familia.
Villarejo, en una grabación de 9 de julio de 2013, alardeó de haber "intercambiado favores con Alfonso Carrascosa", el presidente de Legálitas
Asimismo, este diario ha preguntado al portavoz de Legálitas sobre las supuestas reuniones que, tal y como reflejan las anotaciones manuscritas de la agenda 'Moleskine' de Francisco Granados, habrían mantenido directivos del bufete con el ex secretario general del PP madrileño y exconsejero de Esperanza Aguirre.
La reunión, siempre según la agenda en la que también aparecen pagos de hasta 1,4 millones al PP madrileño, se habría producido a instancias del ex comisario del Aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, imputado en el 'caso Villarejo', entorno al 2 de septiembre de 2014.
En concreto, en la agenda se puede leer "Carlos Salamanca", y justo después los temas a tratar con el comisario: "Domingo D. de Mera", "M.A. Gil", y "Legálitas". El nombre de esta firma de abogados también aparece en la agenda unas hojas antes, indicando de manera textual: "Llamar a Carlos Salamanca para quedar con Legálitas".
No cumplía el perfil
Vozpópuli también ha interpelado a Legálitas sobre sus vínculos con Granados, que según este despacho de abogados se ofreció como letrado para trabajar en la firma. Pero al final no fue contratado, habida cuenta de que Granados "no cumplía el perfil del despacho", por lo que la reunión a instancias del comisario Salamanca "no llegó a celebrarse nunca".
Según la declaración del arrepentido del 'caso Púnica', David Marjaliza, Granados estaría en el origen de la denominada 'Operación Kitchen' en la que policías del Ministerio del Interior, encabezados presuntamente por Villarejo, sustrajeron documentos de la caja B del PP en poder del extesorero de este partido Luis Bárcenas.
La firma Legálitas, según la información de la que dispone este diario, no es objeto de ninguna investigación en el 'caso Tándem', causa que desde el 31 de diciembre asumirá el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
Precisamente, la Comisión de Fondos Reservados del Congreso de los Diputados decidirá si acepta la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la 'Operación Kitchen' solicitada por ERC y PDeCAT, después de que la Mesa del Congreso haya decidido este martes que es el órgano adecuado para ello.
La Mesa ha acordado remitir a la Comisión de Fondos Reservados la solicitud de comparecencia del ministro para explicar el supuesto uso por el Gobierno anterior de gastos reservados en esta operación supuestamente diseñada por Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Gabriel Rufián
ERC pretendía con su pregunta, formulada por el diputado Gabriel Rufián, saber si al Gobierno le consta que se hayan pagado 10.000 euros de fondos reservados a "un presunto mercenario de la policía Enrique Olivares para secuestrar, en octubre de 2013, a la familia Bárcenas", según informa Efe.
Por otra parte, el director de la cárcel madrileña de Estremera ha decidido intervenir las comunicaciones al excomisario Villarejo ante el riesgo de que pueda emplearlas para proporcionar datos que pongan en riesgo la seguridad del Estado.
Fuentes penitenciarias han señalado a Efe que la decisión, de carácter administrativo, la adoptó la semana pasada el director de la cárcel y fue comunicada de inmediato al interno y a la Audiencia Nacional.
