La visión de Susana Díaz desalojada del poder en Andalucía, la comunidad más fiel al PSOE -36 años y cinco presidentes la han gobernado-, ha sumido a ese partido en el "sálvese quien pueda" por miedo a que la formación de ultraderecha Vox arruine también las expectativas de reelección de los otros presidentes autonómicos y alcaldes en las elecciones del 26 de mayo. Las cuentas no cuadran, según los sondeos, porque los tres partidos de la derecha suman bastante más que socialistas y Podemos.
Consciente de ello, el presidente del Gobierno ha comenzado una estrategia consistente, de puertas afuera, en agitar ya el temor del votante de izquierda a unos PP y Ciudadanos dispuestos a irse a "la caverna" con el partido de Santiago Abascal; y de puertas adentro, en reunirse discretamente con los barones afectados al objeto de amortiguar el golpe, "no de solucionarlo", alerta algún crítico.
Nada de citar al Comité Federal, mucho menos el Consejo Territorial -agrupa a todos los barones y secretarios generales-, porque Sánchez sabe que el titular informativo que saldría de cualquiera de los dos principales órganos de control sería una enmienda a la política de "apaciguamiento" que lleva practicando en Cataluña durante los últimos seis meses.
El presidente comenzó la pasada semana reuniendo en una comida en Moncloa a los barones más afines, "los del 15% de voto", ironizan los críticos, y ha dejado para esta a Page, Lambán, Vara y Ximo Puig
Por eso, Pedro Sánchez ha comenzado llamando el miércoles de la pasada semana a La Moncloa a los secretarios generales de los territorios donde el PSOE no gobierna, "los del 15% de voto", dicen con retranca los presidentes en ejercicio. Son sanchistas de primera hora que el secretario general aupó al poder local una vez volvió a hacerse con el control tras el 39 Congreso federal, en julio de 2017.
Ninguno cuestionó en esa comida la tesis oficial en Ferraz de que la derrota andaluza se debe a la mala campaña de Díaz, no al entendimiento con los independentistas; tampoco la posibilidad de que el presidente del Gobierno se decida a convocar elecciones generales el 26-M con las europeas, autonómicas y municipales, el llamado superdomingo. Al fin y al cabo, para muchos, con un grado de conocimiento escaso hasta en sus territorios, la presencia de Sánchez tiraría de una campaña condenada, si no, al fracaso de antemano.
Todo lo contrario les ocurre al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; Extremadura, Guillermo Fernández-Vara; Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page; o Aragón, Javier Lambán. Estos dos últimos son los que más se miran en el espejo de lo que le ha ocurrido a Susana Díaz y ya han iniciado una estrategia de desmarque de Sánchez más que evidente; lo primero que han pedido es, nada menos, que la ilegalización de los partidos independentistas PDCat y ERC si continúan con el desafío a la unidad de España.
A lo cual el presidente del Gobierno les replicó este martes desde el Senado: "los problemas se solucionan, no se prohíben"; previamente, en una entrevista en La SER, la vicepresidenta había achacado la vehemencia de ambos barones a que "están en precampaña". "A los partidos solo se los puede ilegalizar cuando tienen vínculos con la violencia, no por sus ideas. Al independentismo se lo combate con argumentos", reprocha.
Hoy tendrán Sánchez y Page la oportunidad de decirse las cosas a la cara en La Moncloa, pero ayer el manchego dejaba un recado: "una cosa sencilla de entender es que para poder dialogar con los independentistas no podemos depender de ellos". Quizá por eso el presidente ha dejado para el jueves a otro de los críticos, el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero; Para que no se le acumulen los problemas. Y no hay fecha todavía para Lambán, ni, por supuesto para Susana Díaz.
Sintonía con Vara y Puig
No ha tenido problemas Pedro Sánchez con Vara -ha cargado contra la propuesta ilegalizadora de Page- ni con el presidente valenciano, Puig. Horas antes de verse con ambos por separado en La Moncloa, Puig le transmitió desde Alicante su apoyo al "espacio de diálogo, moderación y serenidad" que está utilizando el Ejecutivo central en relación con Cataluña. "El que todos sigamos gritando no soluciona problemas" y que haya "insultos cruzados", tampoco, llegó a decir.
"Yo ya he dicho lo que pienso de la cuestión territorial: la bipolarización y la confrontación permanente no ayuda a resolver los problemas. Sabemos ya lo que ha significado la receta del pasado", añadió en alusión a la estrategia de Mariano Rajoy, "y creo que hay que dar apoyo al presidente del Gobierno en la defensa del interés general que está llevando adelante, y en el espacio de diálogo que se ha abierto y es necesario".
Lo único que une ahora a todos los presidentes autonómicos y alcaldes, frente a los secretarios generales sanchistas, es el pavor a que el presidente del Gobierno no aguante a otoño para convocar generales porque ven que Vox es una amenaza muy real, que compite por un voto en el que hay de todo: desde rechazo a los ataques a la unidad de España en Cataluña, inmigración y ¡ojo!...la caza, denostada por la muy criticada internamente ministra de Transición ecológica, Teresa Ribera:
En Extremadura hemos hecho una ley en consenso con la @fedexcaza_web que facilita los trámites. La #Caza está protegida y cuidada en Extremadura, genera 380 millones de euros en la región. Es una realidad que forma parte de nuestras vidas y no vamos a dejar que nos la arrebaten pic.twitter.com/MggpRn0DqG
— Guillermo Fdez Vara (@GFVara) December 18, 2018
Sánchez está intentando tranquilizar diciendo que él está ahora en sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado 2019, para poder agotar la legislatura en junio de 2020 sin elecciones generales en el horizonte. Necesita el apoyo del PDCat y ERC, pero los prolegómenos de la cita del Consejo de Ministros este viernes en Barcelona, incluida la negativa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a verse con él, no auguran nada bueno.
