La declaración de independencia de Cataluña afecta a todo el territorio nacional. Así lo han defendido este martes la Abogacía del Estado y la Fiscalía General en la vista pública previa al juicio del 'procés' para argumentar que debe ser el Tribunal Supremo donde se juzguen los hechos y no el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como piden los acusados.
"El fin de los delitos era conseguir la declaración de independencia de una parte del territorio español y eso afecta a todo el país", ha asegurado la abogada Lucía Pedreño, que este martes ha defendido la postura de la Abogacía del Estado. Para el fiscal, Jaime Moreno, "la declaración de independencia supone una declaración que no queda circunscrita al territorio catalán". De ahí que considere que se trata de "un atentado grave al interés general de España".
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han refutado la tesis de las defensas de los procesados y a sus argumentos se ha sumado el partido VOX, que ejerce la acusación popular en esta causa. "No se está criminalizando el voto ni en el exterior ni en el interior", ha insistido el fiscal Jaime Moreno, quien ha respondido así a los alegatos presentados por las defensas de los 18 acusados en la causa del 'procés'.
"Actos no necesariamente violentos"
"El voto en el extranjero no consta que fuera violento. Hay actos de ejecución en el delito de rebelión que no necesariamente son violentos", ha asegurado el representante del Ministerio Público a los líderes independentistas. La Fiscalía acusa a los procesados de cometer delito de rebelión, mientras que la Abogacía acusa por sedición. No obstante, este martes han ido de la mano en sus argumentos.
Moreno ha explicado, en referencia a la votación en el extranjero, que en todas las delegaciones (en el exterior) se estableció un sistema por virtud del cual se iba a custodiar y recabar el voto para un acto que cuando se hizo ya se había declarado ilegal. En ese sentido, ha añadido que el delito de desobediencia "ya estaba consumado" en ese momento.
Las penas de la Fiscalía y la Abogacía
Para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el Ministerio Público pide 25 años de prisión. Solicita, también, 25 años de inhabilitación por el mismo delito y por malversación de fondos públicos.
Por su parte, pide condenas de 17 años para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, para el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y para el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusados únicamente por el delito de rebelión.
La petición de pena es menor para los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa: 16 años de prisión y de inhabilitación, también por los delitos de rebelión y malversación.
En el caso de Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santi Vila, la Fiscalía requiere siete años de prisión y 16 años de inhabilitación; además de una multa de 10 meses con cuotas diarias de 100 euros.
