El informe elaborado por los servicios jurídicos del Congreso sobre la retira de sueldo y subvenciones a los diputados de ERC y PDCat por sus reiteradas ausencias no es favorable, por el momento, a la petición de Ciudadanos. El texto, según fuentes parlamentarias conocedoras de su contenido, aboga por esperar a ver cómo evoluciona el nivel de asistencia de los parlamentarios independentistas.
De este modo, la petición del partido de Albert Rivera a la Mesa del Congreso no se materializará todavía y los parlamentarios independentistas seguirán recibiendo sus remuneraciones, así como las correspondientes ayudas de la Cámara baja para el funcionamiento interno de sus formaciones.
El informe, apuntan las mismas fuentes, es fundamentalmente "descriptivo" y se limita a recordar el caso de los diputados de Herri Batasuna (HB), a los que sí se aplicó la suspensión de sueldo en 1991 y 1992 pero después de varios meses sin aparecer por la Cámara ni participar en ninguna actividad parlamentaria. El texto deja entrever que los parlamentarios de PDCat y ERC todavía no han llegado a este nivel de ausencias como para adoptar la misma medida disciplinaria.
La semana pasada, los diputados de tales fuerzas secesionistas ya volvieron al Pleno y participaron con normalidad en casi todas las comisiones parlamentarias. Recuperando así la participación ordinaria que habían abandonado desde finales de septiembre.
En concreto, el partido naranja pidió formalmente el 20 de octubre suspender de sueldo a los independentistas por sus deliberadas ausencias en sesiones plenarias del Congreso desde un mes antes. El 20 de septiembre se produjo el primer plante de los separatistas en la Cámara baja tras las detenciones de cargos públicos de la Generalitat efectuadas ese mismo día en el marco de una investigación judicial por los preparativos del referéndum de independencia del 1 de octubre.
El informe, apuntan fuentes parlamentarias, es fundamentalmente "descriptivo" y se limita a recordar el caso de los diputados de Herri Batasuna
Según denuncia Ciudadanos, los diputados de ERC y PDCat han "desatendido" el resto de actividades parlamentarias, esto es, las reuniones de la Junta de Portavoces y las comisiones. Incluso llegaron a retirar algunos puntos del orden del día de los Plenos que se habían celebrado hasta la fecha.
Ante lo que juzgan un "desprecio institucional", Ciudadanos exige medidas como la pérdida del derecho a asignación económica correspondiente a aquellos diputados de ERC y PDeCAT que persistan en este incumplimiento, "en la extensión y duración" que estime el órgano rector del Congreso. El partido de Rivera sostiene que tales ausencias no se consentirían en una empresa privada.
Así mismo, la formación centrista propone retirar la subvención que ERC recibe como grupo parlamentario y que, de las ayudas que recibe el Grupo Mixto, se quite la parte correspondiente a los ocho diputados del PDCat.
Frente a esta solicitud, la Mesa de la Cámara, en su reunión del pasado 24 de octubre, decidió encargar a los letrados del Congreso un informe jurídico en el que examinen precedentes y posibilidades reglamentarias con el fin de decidir si se aplica o no alguna medida contra las dos formaciones independentistas.
Ciudadanos esperaba que este informe estuviera terminado la semana pasada, pero no ocurrió así. Finalmente, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, prometió a los representantes naranjas Ignacio Prendes y Patricia Reyes que estaría listo para la reunión de este martes.
"Llamada de atención"
Tanto PP como PSOE, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, no ven motivo suficiente para aplicar un castigo tan severo como el que reclama Ciudadanos, pese a lamentar que los parlamentarios de ERC y PDCat no cumplan con sus obligaciones. En su caso, los 'populares' son más partidarios de que los diputados secesionistas reciban un "llamada de atención" por parte de la presidenta, pero sin mayores consecuencias.
Tal y como publicó recientemente Vozpópuli, los diputados y senadores de ERC reciben 4 millones de euros al año de las arcas públicas. Los 33 representantes de ambos partidos en las Cortes Generales obtienen este dinero vía sueldos, subvenciones parlamentarias y ayudas estatales para gastos ordinarios y de seguridad.
