Nuevo golpe del Tribunal Constitucional a los vetos presupuestarios impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy a las leyes de la oposición. Los magistrados han declarado nulos los acuerdos de la Mesa del Congreso -donde PP y Ciudadanos suman mayoría-, que avalaron la negativa del Ejecutivo a tramitar una proposición del PSOE sobre pensiones no contributivas.
En una sentencia hecha pública este miércoles, el Alto Tribunal concluye que se vulneró "el derecho de los diputados a ejercer las funciones representativas". De esta forma, los jueces de la sala Primera estiman el recurso de amparo que interpusieron desde el Grupo Socialista.
La proposición de ley planteaba una modificación para que "no se considere que existe unidad económica en los supuestos familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores". Lo hicieron para evitar casos como el de dos hermanas sorianas que tuvieron que separarse para que una de ellas no dejara de cobrar su pensión de 400 euros.
El Gobierno tiene el derecho constitucional (artículo 134.6) de vetar iniciativas de la oposición siempre que supongan un aumento del gasto o una disminución de los ingresos públicos. Aunque desde el PSOE entendían que el gabinete de Rajoy no identificó de forma correcta el supuesto aumento que supondría la aplicación de la norma si prosperaba.
Los magistrados dan la razón al PSOE y entienden que el Gobierno presentó una argumentación donde "la causalidad entre la aprobación de la proposición de ley y su impacto presupuestario está fundada en un mero juicio hipotético" y no en algo "real y efectivo". De esta manera, optan por declarar nulos los acuerdos del 24 de octubre y 21 de noviembre de 2017.
Debate en el Congreso
Precisamente, el Congreso recupera este jueves el debate sobre la capacidad del Gobierno para vetar las proposiciones de Ley de la oposición. El PP defenderá en una enmienda de totalidad con texto alternativo limitar el margen de interpretación de la Mesa de la Cámara ante dichos vetos y pretende impedir que una mayoría del órgano de gobierno de la Cámara pueda desoír los escritos de disconformidad que aporta el Ejecutivo.
Los populares enmiendan la proposición de ley que Unidos Podemos registró en mayo de 2017 y que fue tomada en consideración hace algo más de un año. Los de Pablo Iglesias impulsaron el cambio del Reglamento del Congreso para intentar frenar el "abuso" que por aquel entonces consideraban que hacían los populares para bloquear cualquier propuesta de Ley de los grupos de la oposición. Y lo hacían para incorporar el reciente criterio del TC.
El TC reconoce el margen de interpretación de la Mesa sobre los vetos del Gobierno que no está obligada a aceptar
El Alto Tribunal ha reconocido que la Mesa del Congreso tiene capacidad de interpretación sobre esos escritos de disconformidad del Gobierno y que no está obligada a aceptarlos de forma automática como hacía el PP con la anuencia de Cs. En la enmienda que se debatirá este jueves, el PP limita la reforma del Reglamento a que la Mesa se limite a verificar si la motivación aportada por el Gobierno afecta o no al Presupuesto en vigor y no a la senda de estabilidad presupuestaria que se remite a las instituciones comunitarias como llegó a hacer el anterior Gobierno del PP.
