La plataforma de apoyo a Olga Jiménez, presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos suspendida ayer por tres años por "excederse en sus funciones", ha cuestionado este miércoles la decisión adoptada por el partido. A través de un comunicado, estos críticos afirman que "dicha resolución pone fin a un proceso inquisitorial de clara naturaleza política".
"Durante meses -señalan- se han llevado a cabo actuaciones contrarias a las normas de Podemos y a las mínimas garantías jurídicas, basadas en falsedades y cuyo resultado venía previsto desde el principio, a saber, lograr la expulsión de Olga Jiménez para poder así consumar el golpe de estado dado contra los derechos y la voluntad de las personas inscritas en Podemos que suponen los nuevos Estatutos". Y es que Jiménez se opuso a validar los nuevos Estatutos de Podemos al no ajustarse a lo votado por las bases en la Asamblea estatal de Vistalegre II.
Según explican estos críticos, de las tres personas de la Comisión de Garantías interina que ha tomado esta decisión, "una de ellas no estaba inscrita en Podemos en Vistalegre II, por lo que su elección sería nula en cualquier organización mínimamente democrática". Así mismo, apuntan que "otra de ellas ha sido denunciada por varias prácticas irregulares; y, además, ambas se encontraban entre los denunciantes de Olga Jiménez ante el Consejo de Coordinación, lo que sería causa de inhibición en un proceso con garantías". "Ante cualquier órgano independiente, tal comisión carecería de la más mínima legitimidad", sostienen.
Junto a ello, desde la plataforma señalan directamente a la Secretaría de Organización estatal, dirigida por Pablo Echenique, y al área Legal de Podemos, controlada por la diputada Gloria Elizo, como "responsables de este atropello a los derechos fundamentales de Olga Jiménez –filtrado antes a un medio de comunicación que a la propia afectada–, y del consiguiente daño causado al proyecto de cambio". "Las prácticas arbitrarias y antidemocráticas de este pequeño grupo han perjudicado de forma injusta a decenas de personas en diferentes territorios del Estado, minando así la credibilidad de Podemos", lamentan.
El pasado 31 de agosto, representantes de 11 de las 16 comisiones de garantías democráticas de Podemos firmaron una declaración en la que pedía la rehabilitación de Jiménez y la revocación de los nuevos Estatutos en tanto omitían importantes aspectos de los documentos aprobados en la Asamblea estatal del pasado febrero.
Además, estos críticos expresan su malestar ante "el silencio cómplice de todos aquellos responsables políticos de Podemos que han tenido conocimiento de tales irregularidades, a quienes hemos dirigido diversas peticiones de mediación, y que sin embargo han preferido mirar a otro lado". Estos contactos se han producido, según fuentes del entorno de Jiménez, con dirigentes anticapitalistas, con afines al exnúmero dos del partido Íñigo Errejón y también con independientes.
"Nos sorprende y entristece que aquellos que demandan diálogo y mediación en el exterior, avalen con su indiferencia una resolución disciplinaria salvaje más propia de las dictaduras que de una organización que dice representar los anhelos de más democracia de cinco millones de personas", apuntan quienes apoyan a Jiménez. La dirección de Iglesias ha planteado para la crisis catalana una fórmula de mediación entre el Gobierno y la Generalitat que, sin embargo, niega para resolver este conflicto en su partido.
En última instancia, estos críticos piden a "todas y todos los militantes de Podemos que defiendan los derechos que los nuevos Estatutos les están arrebatando y eviten que nuestra organización continúe por este camino de involución democrática de graves consecuencias futuras", concluyen.
