Ataques continuos a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno, tramitaciones de proposiciones de ley por el procedimiento de urgencia pese al criterio de la Comisión de Venecia, un creciente movimiento de perfiles políticos entre las diferentes instituciones judiciales o el afán del Ejecutivo de legislar a golpe de decreto-ley. Estos son algunos de los síntomas del deterioro del Estado de Derecho en España a los que apunta la Fundación Hay Derecho en su último informe en el que, además, arremete de manera frontal contra el Fiscal General del Estado por su relación con el Gobieno.

En los últimos meses son muchas las voces críticas que han alertado de las consecuencias para el Estado de Derecho de algunas de las acciones lideradas por Pedro Sánchez y sus socios. Entre los aspectos analizados por este informe, que recoge datos y análisis correspondientes a los años 2022 y 2023, Hay Derecho señala como uno de los factores que "más han tensionado el marco político-constitucional" la tramitación y posterior tramitación de una ley de amnistía hecha a la medida de Puigdemont y los suyos.

La fundación considera el respeto a las garantías de una adecuada tramitación legislativa como un "elemento fundamental en un Estado democrático de derecho". Señalan como práctica anómalas el uso, sobre todo, por parte del PSOE y Sumar de la figura de 'proposición de ley' cuando en realidad son "proyectos de ley encubiertos". El informe detalla que en 2023, un total de 18 proposiciones de ley (sobre 95) provienen de los grupos parlamentarios que han conformado el Gobierno, según los datos de Hay Derecho.

Legislar a golpe de decreto-ley

En la misma línea, se alerta del uso de "prácticas torticeras" por parte del Gobierno como abusar de la tramitación de leyes por el procedimiento de urgencia, lo que evita el control por parte de otras instituciones y la presentación de recursos. En el año 2022, se han tramitado 39 iniciativas por vía de urgencia y en 2023 un total de 13.

Esto es similar a lo que ocurre con el recurso legislativo que más ha gustado al Gobierno de Sánchez, el decreto-ley. "Lo que supone una degradación del proceso de elaboración de normas, en la medida en que se sustituye la deliberación en el Parlamento por una norma del Poder Ejecutivo", reza el informe.

No obstante, esta no es la única herramienta legislativa de la que se ha servido el Gobierno para colar por la puerta de atrás modificaciones legislativas de calado; este es el caso del decreto-ómnibus que funciona a modo de "cajón de sastre". Ahora, Junts y ERC quieren aprovechar su tramitación, aún varada en la Comisión de Justicia, para incluir nuevas enmiendas que blinden el regreso definitivo del expresidente catalán a España tras la aprobación de la amnistía.

Otro de los síntomas de la devaluación del Estado de Derecho en España, según recoge Hay Derecho, es la "politización del Poder Judicial", aupada por la pérdida de capacidad del GGPJ de hacer nombramientos discrecionales por el bloqueo por parte de los dos partidos tradicionales de la renovación del Poder Judicial que ha durado más de cinco años. Esto ha dejado decenas de plazas en el Tribunal Supremo y audiencias provinciales sin cubrir.

Puertas giratorias en Justicia y el deterioro del Estado de Derecho

Asimismo, entre los principales problemas denunciados por Hay Derecho destaca la existencia de puertas giratorias que facilitan el tránsito desde cargos políticos al ejercicio de la función jurisdiccional. Sobre esto, la propia Comisión Europeo destacó en uno de sus últimos informes que "el régimen de incompatibilidades de los jueces y magistrados con otras profesiones, como los cargos políticos, sigue suscitando preocupación". Por ello, concluyó que sería conveniente que en España se reformara la regulación relacionada con el tránsito judicatura-política para introducir garantías suficientes, como ocurre en otros países europeos.

No obstante, no ha sido hasta después que los medios explotaran casos como el de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, cuyo nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática ha sido anulado por el Tribunal Supremo, cuando PP y PSOE han informado un pacto al respecto. Según la fundación el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE en junio de 2024 se incluyen mecanismos específicos para evitar las puertas giratorias en el Poder judicial que "deben valorarse positivamente".

Politización del TC y control de la Fiscalía

La fundación defiende que en los últimos años se ha producido una "grave" politización del órgano de garantías. Para apoyar esta idea, el informe incluye un gráfico que muestra el porcentaje de magistrados constitucionales que han tenido cargos políticos previos. El resultado es una curva ascendente que culmina con casi un 70%. Se destaca "lo inédito de que un Gobierno nombre como magistrados del Tribunal Constitucional a quienes han sido integrantes o colaboradores del mismo, como ha ocurrido en 2022".

Hay Derecho señala "la estrecha vinculación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno" como fuente de contaminación de la autonomía del Ministerio Fiscal. Como ejemplo de ellos, se enumeran diferentes comunicados efectuados por las asociaciones de fiscales en los que se denuncia "la falta de transparencia y la inseguridad jurídica del proceso de puntuación y asignación de destinos de los nuevos fiscales".

Este panorama político y judicial provoca que la ciudadanía no confíe en la justicia. Entre los datos que avalan el descontento de los ciudadanos con la calidad del sistema, se observa que el 66% de los españoles considera que los jueces "reciben presiones". Del mismo modo, una encuesta realizada por el CGPJ destaca que el 24% de los ciudadanos encuestados consideran que esas presiones influyen en las decisiones finales de los jueces.

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