El abogado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha abierto el turno de intervenciones del juicio a los líderes del procés con una exposición de más de una hora, que ha estado plagada de mensajes políticos. El letrado, Andreu Van den Eyden, ha llegado a comparar la situación de sus clientes -también representa al exconseller Raül Romeva- con la de las mujeres cuando tenían prohibido votar y ha insistido en que el derecho penal no puede ser la respuesta a lo sucedido en Cataluña, sino un acuerdo político.
Según ha dicho ante el tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el camino hacia el juicio ha observado un busto de la escritora y política Clara Campoamor, y eso le ha servido para recordar que antes las mujeres no podían votar y ahora sí. En ese sentido, ha defendido el derecho a la protesta y a la libertad ideológica durante una intervención que ha contado con numerosas alusiones a la jurisprudencia europea y en concreto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH).
Esta intervención se enmarca en la primera sesión del juicio reservada a las cuestiones previas en las que los abogados denuncian aquello que consideran que vulnera los derechos de sus clientes. “Hasta la libertad de culto se ha vulnerado porque al señor Junqueras ni le dejaban ir a misa en prisión”, ha censurado el abogado al referirse a una causa que, a su juicio, “atenta contra la disidencia política”. “Tenemos derecho a vivir en democracia y al otro lado tenemos el lado oscuro del derecho penal democrático”, ha dicho este letrado quien en otro momento ha usado la expresión “derecho penal del enemigo”.
"Causa general"
Su análisis es que se ha repartido la causa en diversos juzgados como si fuera un “vodevil” para dar forma a una “causa general” y “prospectiva” en la que la Guardia Civil ha actuado al servicio de unos poderes políticos que son los rivales de los acusados en este juicio. “No hay ninguna ley que impida a la secesión subestatal, no la van a encontrar”, ha aseverado al tiempo que que ha pedido devolver la responsabilidad a los dirigentes políticos para la resolución de este conflicto. “Esta causa impide el desarrollo de esa ideología legítima”, ha zanjado.
Ha vaticinado que esta sentencia entrará en los libros de derecho y en los de Historia y ha reivindicado que “lo que hacen los catalanes es protestar porque están excluidos de determinadas decisiones”. “Tenemos derecho a protestar. Es la base de la democracia; si no puedo opinar, tengo derecho a protestar”, ha apostillado. También ha descrito como una “protesta” el asedio de miles de personas a la Consejería de Hacienda y Economía el 20 de septiembre de 2017.
Testigo protegido
A la hora de solicitar al tribunal que tenga en cuenta diversas pruebas ha insistido en su petición de que comparezca el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, o la dirigente de ERC, Marta Rovira. Ha aportado un nuevo listado con una batería de documentos que quiere que se tomen en consideración y ha criticado que aún desconoce la identidad del mosso d’Esquadra que figura entre los cientos de testimonios aceptados por el tribunal como testigo protegido.
Este agente desveló varios datos considerados clave en la causa del proceso independentista catalán. Sus primeras declaraciones fueron incluidas en el auto en el que la juez Carmen Lamela imputa al mayor de los Josep Lluís Trapero, al exdirector del cuerpo Pere Soler y al ex secretario general de Interior César Puig. Según un informe de la Guardia Civil al que tuvo acceso El Periódico en marzo de 2018, el mosso aseguró que el 1 de octubre se emitieron instrucciones vía radio desde la Sala Regional para que los agentes informaran a los mandos de las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
