El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugan, ha hecho una petición pública a la Generalitat de Cataluña para que retire los símbolos amarillos del independentismo de los edificios públicos, al tiempo que se muestra "preocupado" por el "deterioro" de la convivencia en esta comunidad autónoma y ha comenzado a dar trámite a las quejas sobre este asunto. Ya lo ha hecho con la de un ciudadano particular y está estudiando la presentada por Ciudadanos.
Así lo ha expuesto el Defensor del Pueblo en una declaración institucional en la que reclama a los poderes públicos catalanes que respeten el "principio de neutralidad ideológica" que debe regir "cualquier sociedad libre, abierta, democrática y tolerante".
En este sentido, Fernández Marugán recuerda que "el principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es incompatible con la presencia en los edificios públicos de símbolos de una ideología".
En esta declaración, el Defensor se muestra especialmente preocupado por el "deterioro de la convivencia en los espacios públicos de Cataluña". Por ello, ha condenado las agresiones sufridas por una ciudadana que retiraba lazos amarillos en el parque de la Ciudadela en Barcelona y por un trabajador de Telemadrid en el transcurso de una manifestación para prostestar, precisamente, por la agresión de la citada mujer.
El Defensor del Pueblo considera muy importante que la próxima Junta de Seguridad Estado-Generalitat aborde la situación derivada del uso y retirada de símbolos de contenido ideológico en los espacios públicos.
Tramitación de quejas
Además, expone que la Institución ya ha comenzado a "recibir y tramitar quejas" sobre el uso de símbolos ideológicos en los edificios públicos. De hecho, expone que a principios de agosto el Defensor amparó a un ciudadano que se quejaba de la instalación de lazos amarillos en la fachada del Hospital de Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
Sobre este asunto, Fernández Marugán se ha dirigido a la Consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña recordándole que "la libertad de expresión de las personas en instalaciones públicas tiene un límite en el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos -que no son partidos políticos o entidades de la sociedad civil- y tiene su fundamento en que los ciudadanos que acuden a ellas (hospitales, instalaciones policiales, delegaciones de Hacienda y un largo etcétera) tienen una pluralidad de posiciones sobre las más diversas cuestiones, todas las cuales deben ser respetadas sin que nadie pueda sentirse molesto o ajeno a la institución pública de que se trate, que es de todos y para todos".
El Defensor recuerda también que el diputado en el Congreso Juan Carlos Girauta presentó --el pasado viernes, acompañado de la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas-- un escrito motivado en el que plantea diversas cuestiones relativas a la situación de Cataluña que "se está analizando de forma pormenorizada".
