La Secretaría de Estado para la UE, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha ordenado a la Abogacía del Estado que reúna toda la jurisprudencia en torno a la eventual suspensión de eurodiputado de Carles Puigdemont, si finalmente logra escaño el 26-M, ante la posibilidad de que el expresidente catalán pleitee contra España en los tribunales europeos, según desvelaron fuentes diplomáticas a Vozpópuli.
La legislación española es muy clara sobre cómo se adquiere la condición de eurodiputado ya que obliga a presentarse ante la Junta Electoral Central, cuya sede está en el Congreso de los Diputados, para tomar posesión del acta como parlamentario europeo, pero el Ejecutivo es consciente de que no hay precedentes en España como el del rebelde Puigdemont y que casos similares son difíciles de encontrar en la jurisprudencia europea.
A ello se añade la certeza dentro del Gobierno en funciones de que si Puigdemont recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), alegando que España ha vulnerado sus derechos como parlamentario electo de la Eurocámara, entonces el TJUE deberá adoptar una decisión sobre este caso por la vía rápida, en cuestión de días y antes, en todo caso, de que se forme el nuevo Parlamento Europeo el próximo 2 de julio.
Esa posible celeridad es la que ha llevado al departamento de Josep Borrell a intentar adelantarse a los acontecimientos con esa orden a la Abogacía del Estado para que un recurso de Puigdemont ante el TJUE no le pille desprevenido.
La inmunidad como señuelo
La defensa de Puigdemont lleva varias semanas con la tesis de que si el expresident es elegido eurodiputado logrará automáticamente la inmunidad y podrá venir a España sin que se le pueda aplicar la orden de detención que pesa sobre él. Y ello a pesar de que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo ya han advertido de que eso no es posible.
El Ejecutivo cree, sin embargo, que esas no son las verdaderas intenciones del líder de JxCat, sino más bien un señuelo, ya que dicha estrategia está condenada al fracaso -se le detendría ipso facto- y que lo único que pretende es tapar el verdadero objetivo de Puigdemont, que consiste en que el TJUE tumbe el artículo del Régimen Electoral Central (Loreg) que exige acatar la Constitución de forma presencial ante la Junta Electoral para así conseguir su acta de eurodiputado sin pisar España y proseguir su campaña de internacionalización del llamado procés catalán.
Si Puigdemont no acata la Constitución en ese plazo, la Junta Electoral Central declarará vacante el escaño
En este sentido, según el artículo 224.2 de la Loreg, en un plazo de cinco días desde la proclamación de los candidatos electos, estos “deberán jurar o prometer acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central”. Dicho trámite está previsto que se celebre a mediados de junio en la sede de la Cámara baja.
Si Puigdemont no acata la Constitución en ese plazo, la Junta Electoral declarará vacante el escaño y su titular será suspendido de todas las prerrogativas que le pudieran corresponder por razón de su cargo hasta que acate la Carta Magna, un hecho que el expresidente catalán podrá hacer en cualquier momento mientras dure la legislatura de cinco años de la nueva Eurocámara.
En ese caso, si el escaño de Puigdemont quedase vacío, no sería extraño ver en Estrasburgo el mismo lazo amarillo de grandes dimensiones que los grupos independentistas han colocado en el último año en el hemiciclo del Parlament en recuerdo de los diputados catalanes en prisión o huídos de la Justicia.
En la Eurocámara bajo palio
Pero Puigdemont ambiciona entrar en la Eurocámara bajo palio y con su condición de eurodiputado de pleno derecho, así que ¿cuál sería el recorrido judicial del líder de JxCat para lograr su escaño del 26-M sin venir a España? Primero se tiene que dar que la Junta Electoral impida al expresident catalán tomar posesión del mismo, al no presentarse en Madrid.
Tras ello, éste podrá presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el fin de agotar todas las instancias judiciales en España. Con la previsible desestimación por parte del TC es cuando el líder de JxCat tendría ocasión de recurrir al TJUE, que vela por la aplicación del derecho comunitario en todas sus vertientes.
El Gobierno sospecha que Puigdemont intentará plantear a los jueces europeos que la Junta Electoral ha aplicado de forma incorrecta el reglamento del Parlamento Europeo, a pesar de lo indicado por los servicios jurídicos de la Eurocámara. También cree que sus abogados buscarán demostrar que era posible adquirir la condición de eurodiputado sin presentarse físicamente en Madrid ante la citada instancia electoral.
Sería en ese pleito en el que la Abogacía del Estado debería poner toda la carne en el asador en defensa de la legislación española, de ahí que la Asesoría Jurídica Internacional de Exteriores esté ya manos a la obra.
