Representantes de ERC, Junts per Catalunya y Bildu acuden este lunes a apoyar a los 47 abogados que habrían formado parte del denominado 'frente de cárceles' de ETA y que se sentarán en el banquillo en la Audiencia Nacional acusados de colaborar con la banda terrorista.
El juicio, presidido por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, tendrá lugar a partir de las 10.00 horas en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y entre los acusados están los conocidos abogados de etarras Arantza Zulueta y Jon Enparantza y el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga.
En la convocatoria enviada a los medios de comunicación, ERC, Junts per Catalunya y Bildu adelantan que se personarán antes del inicio del juicio en las puertas del tribunal para "mostrar apoyo a los 47 ciudadanos vascos encausados por prestar ayuda a los y las presas vascas".
Los 47 abogados habrían formado parte del denominado 'frente de cárceles' de ETA bajo la cobertura de los distintos entes de los que formaban parte, entre ellos el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat.
Penas de entre 8 y 20 años
La Fiscalía y la acusación popular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) piden penas para los acusados que oscilan entre los 8 y los 20 años y 5 meses de prisión por delitos que van de participación activa en organización terrorista, colaboración y financiación del terrorismo a enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares.
Las acusaciones sitúan a Zulueta y Enparantza en calidad de "dirigentes" y piden para ellos 14 años de cárcel por participación activa en organización terrorista, si bien no son los acusados que se enfrentan a una mayor pena, ya que Francisco Javier Balda, integrante del Movimiento Pro Amnistía, impulsor de la iniciativa Egin Dezagun Bidea y portavoz de Herrira podría ser condenado a 20 años y 5 meses por la acumulación de varios delitos: participación activa, enaltecimiento, financiación del terrorismo y quebrantamiento de cautelares.
Fidelidad a ETA de los presos
Este 'frente de cárceles' fue desarticulado en las operaciones 'Jaque', 'Mate' y 'Pastor' practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año, más de una década después de que, por orden de ETA, se creara el denominado 'Koordinazio Taldea/Grupo de coordinación', también denominado KT por sus siglas en euskera, cuya función principal era dirigir el EPPK (colectivo de presos) de forma integral, garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad a la banda, ejerciendo dicha función siempre de forma subordinada a la organización terrorista y de acuerdo a las directrices generales que ETA le hacía llegar.
Según las acusaciones, el KT diseñaba y organizaba las campañas de movilización y reivindicación que realizaban los presos en el interior de las prisiones, dirigía y dinamizaba los procesos de debate y reflexión que desarrollaban sus miembros, realizaba un seguimiento directo de la situación de cada preso de ETA, actuaba como portavoz del EPPK, elaborando y difundiendo sus comunicados oficiales y mantenía permanentemente informada a ETA de la situación del conjunto de miembros del EPPK.
Sus miembros, aseguran los escritos de acusación, a los que ha tenido acceso Europa Press, eran "plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y su actividad contribuye a los fines" de la organización terrorista.
En concreto, el 'colectivo de abogados' era una estructura formada por abogados en activo (los 'bertsolaris' o 'pintores') que, sirviéndose de su condición de letrados, además de asistir jurídicamente a los miembros del EPPK realizaban funciones de "asistencia política" a los mismos, recopilando y centralizando todo tipo de información relacionada con los presos que formaban parte de dicho grupo, información que se remitía posteriormente a las estructuras de dirección del 'frente de cárceles'. La realización de esas actividades convertían al 'colectivo de abogados' en uno de los principales instrumentos, tanto de ETA como del KT y de Askatasuna.
Los documentos que se incautaron en la detención del exdirigente de ETA Mikel Albisu Iriarte, 'Antza', acreditaron que en 2004 la reestructuración de los presos de la banda que se había iniciado un año antes se iba consolidando y cómo ETA continuaba ejerciendo la dirección y supervisión de este entramado organizativo creado para gestionar todo lo relacionado con los presos de la organización terrorista, en el denominado 'frente de cárceles'.
Movilización de la base social
Según las acusaciones, este frente se mantuvo prácticamente igual hasta 2012, es decir, tras el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, cuando se produjo una reorganización en el que el colectivo de presos se planteó como uno de los principales elementos de movilización de la base social de la organización y su entorno, con reivindicaciones a favor de los derechos supuestamente vulnerados de los miembros del EPPK como factor que permite acumular fuerzas procedentes de otros sectores políticos y sociales ajenos a la izquierda abertzale y así tratar de aumentar la presión política y social. Por eso, ETA necesitaba mantener a los presos cohesionados y unidos.
A la mayoría de procesados en este procedimiento se les acusa de participación activa en organización terrorista, como Iñaki Goioaga, quien se enfrenta a peticiones de 11 años de prisión; sólo Naia Zurriarain será juzgada por colaboración con ETA y se solicitan 8 años para ella.
En la vista también se sentarán en el banquillo las abogadas Amaia Izco y Jaione Carrera, quienes ejercen la defensa de tres de los acusados por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua en octubre de 2016, Jokin Unamuno y Ainara Urquijo en el caso de la primera, y Adur Ramírez en el caso de la segunda.
