Los españoles no están por el federalismo. La reforma de la Carta Magna que defiende el PSOE para atajar el desafío secesionista -y que puede asomar si finalmente se abre el melón constitucional esta legislatura- tendría enfrente a una inmensa mayoría de electores, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En su último estudio, correspondiente a noviembre y difundido esta semana, el CIS recoge que solo un 22’9% de los ciudadanos quiere un sistema más descentralizado: el 13’5% reclama más competencias para las comunidades autónomas y el 9’4% pide que se les reconozca el derecho a la autodeterminación.
En el polo opuesto se sitúa un muy mayoritario 65’5%, que apuesta por mantener el sistema tal y como está (37’3%), reformarlo para que el Estado recupere competencias (9’7%) o suprimir por completo las autonomías (18’5%). Otro 9’3% no tiene clara su posición y el restante 2’3% opta por no contestar. El caldo de cultivo parece, pues, muy poco propicio para desarrollar un modelo federal como el que propone el PSOE, salvo que vaya acompañado de un exitoso ejercicio de persuasión por parte de sus impulsores. O revierten la opinión de los españoles con una campaña a favor del cambio o tendrían difícil que se validara en referéndum, porque los partidarios de mantener la organización territorial vigente o construir un Estado más centralista son una mayoría constante: en noviembre representaban el 65’5%; hace un año, el 65’4%; en 2014, el 59’8%; en 2013, el 64’8%.
Con todo, el PSOE está decidido a lanzar la iniciativa con que quiere dar encaje constitucional a lo que considera una realidad en la práctica. Apostó por ello Javier Fernández, presidente de la gestora socialista, en el 38º aniversario de la Carta Magna: “Mejoremos nuestro sistema, que es de corte federal, perfeccionándolo, y adaptemos la Constitución de tal manera que efectivamente esté en sintonía con el propio sistema y sea una Constitución federal”. Fernández propone buscar el “consenso” para un cambio que “no será fácil” pero considera inaplazable.
Convencer a PP y C's
Para lograrlo, los socialistas tendrán que convencer a PP y Ciudadanos -que rechazan modificaciones ‘a la carta’ de las demandas soberanistas-, pero también a su propio electorado. Según el CIS, el 48’9% de los que el 26-J votaron al PSOE quiere que la organización territorial se mantenga como está “en la actualidad”. La siguiente opción más apoyada (15’4%) es la de confeccionar “un Estado con un único Gobierno central sin autonomías”, mientras que los que podrían considerarse federalistas -partidarios de un sistema que reconozca más autonomía a las comunidades- son solo el 12’4% de los votantes socialistas.
El rechazo a una mayor descentralización es aún más grande entre el electorado de Ciudadanos (solo la desea un 10%) y del PP (5’5%), donde se aboga mayoritariamente por mantener el sistema actual o ir a uno donde las autonomías pierdan poder o desaparezcan. Esta última opción la apoya un 36’2% de los electores de Rajoy y un 29’6% de los de Rivera.
El 48’9% de los que votaron al PSOE quiere que la organización del Estado se mantenga tal y como está
Respecto a Unidos Podemos, el 32’3% de sus votantes quiere que se mantenga el sistema actual, el 25’9% que se otorguen más competencias a las comunidades y el 17’1% que se abra paso la postura de Pablo Iglesias: reconocer el derecho a decidir de las autonomías. En las confluencias periféricas sí son mayoría los partidarios de una mayor descentralización: lo reclama el 73’4% de quienes apoyaron a En Comú Podem, el 48’1% de los que optaron por En Marea y el 47’7% de los que eligieron la papeleta de Compromís-Podemos.
El panorama, en cualquier caso, avala las reservas de Rajoy sobre la reforma constitucional y la oposición de Ciudadanos a efectuarla con el objetivo principal de atajar el desafío soberanista. “Nunca van a estar satisfechos”, manifestó al respecto Albert Rivera este miércoles en conversación con Vozpópuli. Su partido aboga por una “actualización” de la Carta Magna que acabe con privilegios políticos, cierre el modelo autonómico o recoja en la Constitución el proceso de convergencia europea, pero rechaza negociar un nuevo “encaje” de las nacionalidades históricas para combatir el desafío de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Una determinación que va en la línea del sentir general de la sociedad española, a tenor de lo reflejado en los barómetros de opinión.
Se da la paradoja de que incluso entre los nacionalistas catalanes hay escaso entusiasmo con el derecho a decidir que exige la Generalitat. El barómetro de noviembre del CIS estima que solo el 36’8% de los que votaron en junio al PDECat -antigua Convergència- quiere que se reconozca la posibilidad de que las autonomías se conviertan en estados independientes. Una mayoría de ellos (47’4%) se conforma con que tengan más competencias que en la actualidad. El electorado de ERC, en cambio, sí apoya en bloque los postulados de su partido: el 89’6% demanda el derecho a la autodeterminación.
