"He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana". Esperanza Aguirre intentó ya en 2014 desmarcarse de Francisco Granados -condenado por el chivatazo de la Púnica- y de Alberto López Viejo -en prisión por el caso Gürtel-. Con el paso de los años, ha tenido que recurrir a la misma frase para dibujar la línea que, según ha insistido, la separa de aquellos que han sido señalados en diferentes casos de corrupción. Ahora la Fiscalía Anticorrupción solicita que se le impute por su presunta participación en la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Si el juez accede a la petición, la dirigente popular tendría que editar su discurso.
Dieciséis años después del primer nombramiento de Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, varios de sus consejeros han sido citados a declarar como investigados ante la Audiencia Nacional. Algunos han sido detenidos; otros condenados. Al inicio de su segunda legislatura, en 2007, la líder popular se retrató con 15 miembros de su equipo; ocho de ellos se han visto salpicados en actividades irregulares y han sido señalados por la Justicia.
Un condenado y un testigo clave
Su entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, se encuentra actualmente recluido en la cárcel madrileña de Soto del Real. Allí tendrá que cumplir 31 años y 9 meses de prisión por su participación en la época uno -1999 y 2005- de la Gürtel, frente a los 46 años que pedía el ministerio público.
Según la sentencia, dictada en mayo de 2018, López Viejo llegó a cobrar hasta un 10% de cada acto que organizó entre 2004 y 2008 con las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama. Es el segundo hombre de la izquierda en la imagen de la escalinata.
Manuel Lamela, el primero de la hilera, era consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Su declaración como testigo en el marco de las pesquisas del caso Púnica es una de las que ha convencido a la Fiscalía para situar a Aguirre como la 'X' o máxima responsable de la financiación ilegal del PP madrileño.
Este excargo reconoció haber participado en una reunión con el dueño de la empresa Over Marketing, Daniel Horacio Mercado Lozano, a la que también habrían acudido otros consejeros de la Comunidad de Madrid y la propia Esperanza Aguirre. La finalidad de estas reuniones, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, era saldar las deudas que tenía el PP con esta empresa.
Aguirre y tres imputados
En la escalinata de Aguirre destaca el que fuera su mano derecha, vicepresidente primero y portavoz de Gobierno, Ignacio González. Diez años después de aquella imagen, en 2017, fue detenido en una operación policial en el marco del caso Lezo por su gestión de la empresa pública madrileña Canal de Isabel II, organismo que presidió entre 2003 y 2012.
Tras siete meses en prisión y el pago de una fianza de 400.000 euros, González abandonó la cárcel de Soto del Real. Tras su excarcelación, tuvo que comparecer cada semana en el juzgado más cercano a su domicilio. Formalmente, ha sido imputado en la pieza cuatro del caso Lezo. Y la Fiscalía pidió el pasado 2 de agosto que se dirigiera una investigación en su contra por la financiación irregular del PP madrileño en el marco de la pieza nueve de Púnica.
En el mismo escrito, el ministerio público solicitó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que Aguirre, en el centro de la escalera, también fuera citada a declarar como imputada. En los documentos de la UCO, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes recogen los testimonios que ponen de manifiesto que Esperanza Aguirre participó en diferentes reuniones con los directivos de las empresas que realizaban los trabajos para el PP y que, más tarde, siempre según la Guardia Civil, acabaron pagando a otras sociedades que eran objeto de los contratos públicos regionales, como por ejemplo Indra.
No es la primera vez que Aguirre se encuentra a un paso de la imputación. El pasado 14 de junio, el juez rechazó citar a la expresidenta como investigada en la pieza del caso Lezo que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción en el año 2007 del campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio madrileño de Chamberí. La expresidenta madrileña también se vio rozada por la trama Gürtel. Llegó a declarar como testigo, pero se libró de la imputación. En este caso, el juez consideró que la exdirigente del PP madrileño nunca fue consciente de que Alberto López Viejo y Francisco Correa amañaron millones de euros.
La Fiscalía solicitó al juez de púnica que Aguirre, en el centro de la escalera, fuera citada a declarar como imputada
El hombre a la derecha de Aguirre en la escalinata es Alfredo Prada, quien fuera consejero de Justicia. Actualmente se encuentra imputado por el caso del Campus de la Ciudad de la Justicia. La decisión, según explicó el juez en su auto de citación, responde a sus vínculos con el "claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una estructura de personal administrativo sumamente débil" en el proyecto.
A la lista de imputados se suma Lucía Figar, la cuarta en la siguiente imagen, consejera de Educación de Aguirre en el Gobierno de 2007 que fue imputada años después en el marco de las pesquisas del caso Púnica. Según el juez a cargo de la investigación, habría contratado entre 2012 y 2014 los servicios de las empresas Madiva y Eico –propiedad del empresario Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas de la trama– por un coste total de 80.000 euros para mejorar su imagen en internet.
Granados, el cabecilla
En el centro de la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño se ubica Francisco Granados, quien durante años fue consejero de Presidencia de Aguirre en la Comunidad de Madrid. El juez Eloy Velasco ordenó su detención en octubre de 2014 como presunto cabecilla de la red Púnica.
Cuando los agentes llevaron a cabo el arresto, Granados ya no era senador, pues había dimitido al conocerse que durante años, y de la mano del empresario David Marjaliza, había dispuesto de dinero en Suiza al margen de la Hacienda española.
En 2017 Granados recibió su primera condena. La Audiencia Nacional le sentenció a dos años de cárcel por el delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por un funcionario público por el chivatazo de la Púnica. El exconsejero no fue enviado a un centro penitenciario porque ya había cumplido prisión preventiva dos años y ocho meses por este mismo caso de corrupción.
Los cargos exentos
Es cierto que no todos han salido "rana" en la escalinata de Aguirre. El tercero en la imagen principal, Juan José Güemes, ejerció de consejero de Sanidad hasta 2010 cuando dimitió por "razones personales", según aseguró entonces a la prensa. Güemes se ha mantenido al margen de la política y no se ha visto involucrado en ninguna de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Judicial y el Ministerio Fiscal.
El entonces consejero de Cultura y Turismo de Aguirre, Santiago Fisas -el siguiente en la fotografía principal-, y la exconsejera de Empleo y Mujer Paloma Adrados tampoco han sido señalados en las pesquisas. Él abandonó la militancia del PP recientemente para implicarse en el nuevo proyecto catalán Lliga Democràtica. Ella continuó en el partido y llegó a ser alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y presidenta de la Asamblea de Madrid.
Beatriz Elorriaga, exconsejera de Medio Ambiente, también ha desempeñado varios cargos dentro del PP y ha ejercido como senadora autonómica por la Comunidad de Madrid. No se ha visto involucrada en ninguna de las tramas que salpican a la formación. Le sigue la entonces consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, quien actualmente forma parte del equipo de Gobierno del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
El último en la escalinata es Fernando Merry del Val, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid en 2007. A su salida del Gobierno autonómico, fue consejero económico y comercial en la Embajada de España en Washington. Concluyó su carrera profesional en el sector público en la directiva de ICEX.
Los exentos pero salpicados
Hay otros consejeros que aunque no han sido imputados o citados como testigos en ninguna de las pesquisas sobre la financiación irregular del PP, sí han sido señalados por los agentes de la Policía Judicial en sus respectivos informes. Es el caso de las dos consejeras a la derecha de Aguirre y del cargo a la derecha de Granados.
Hay consejeros que aunque no han sido imputados, sí han sido señalados por los agentes de la Policía Judicial en sus respectivos informes
La exconsejera de Vivienda Isabel Mariño, por ejemplo, ha sido señalada en un informe de la UCO por su presunta participación en la trama de amaños del PP, pero no ha sido citada ni como investigada ni como testigo. Gádor Ongil, entonces responsable de Familia y Servicios Sociales, tampoco ha sido requerida por la Justicia, pero consta como responsable de Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid) durante la época en la que se hicieron los supuestos pagos irregulares para los comicios del PP madrileño.
Javier Fernández Lasquetty, por su parte, aparece en uno de los informes de la Guardia Civil como el máximo responsable de una de las campañas investigadas en la Púnica, en concreto la de 2011. El que fuera consejero de Inmigración y Cooperación de Aguirre no ha sido llamado a declarar ni como testigo ni como investigado. Hoy por hoy, es consejero de Hacienda de Isabel Díaz-Ayuso.
Nuevas imputaciones
Ahora, tras cinco años de instrucción, el ministerio público ha presentado un escrito con nuevas acusaiones. Lo ha hecho después de que el pasado enero el juez instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación.
Esta semana, el juez que lleva la investigación en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, deberá decidir si hace caso a la petición de la Fiscalía de imputar a Aguirre y a otros cargos de su Gobierno.
