La negociación de Unidos Podemos con el Gobierno entra en su recta final con una seria advertencia de los morados. Las respuesta remitida por el Ejecutivo al documento de 17 propuestas que le hicieron llegar hace dos semanas no ha colmado en absoluto las expectativas del partido de Pablo Iglesias.
El secretario de Organización, Pablo Echenique, dejó claro este lunes que con el actual planteamiento votarían "no" a las cuentas públicas. Algo que en las filas socialistas perciben más como un "farol" que como un ultimátum que ponga en peligro el cierre de un acuerdo antes de que Pedro Sánchez envíe el próximo día 15 a Bruselas el borrador de las cuentas. Unidos Podemos cambió de postura después de que el propio Iglesias se mostrase "optimista" el pasado viernes ante el Consejo Ciudadano Estatal. Pero aunque "parecía que había avances, cuando nos han llegado los documentos vemos pasos atrás", decía este lunes Echenique en rueda de prensa.
"En temas de educación y dependencia las cantidades son prácticamente las que podría haber asumido el PP", apuntan en privado fuentes de la dirección. El objetivo ahora es cerrar "un acuerdo lo más concreto posible". Denuncian que la respuesta del Gobierno está "llena de verbos abiertos como promocionar o ver si", sin especificar plazos y partidas. A lo largo de estos días deberán despejarse incógnitas sobre asuntos clave para los morados donde existen desencuentros con el Ejecutivo.
1- Regular los alquileres
Unidos Podemos quiere que el Gobierno se comprometa a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que los municipios puedan regular "los incrementos abusivos" de los precios de los alquileres. Además, abogan por obligar a los grandes propietarios (más de 10 viviendas) a "sacar sus pisos al mercado a un precio accesible". Por otro lado, quieren acabar con los "privilegios fiscales de los grandes especuladores inmobiliarios (SOCIMIS)".
El Gobierno está abierto a ampliar la duración mínima de los contratos de alquiler, pasando de tres a cinco años, así como a incrementar el parque público de vivienda para alquiler social. Fomento trabaja en una propuesta con 20.000 nuevas viviendas para destinarlas a alquiler social en los próximos cuatro o seis años. Pero frente a la regulación y la fijación de precios, el Ejecutivo aboga por incrementar los beneficios fiscales y dar ayudas para la rehabilitación de inmuebles.
2- SMI a 1.000 €
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros es otra de las grandes prioridades para los de Iglesias a cambio de su apoyo a los Presupuestos. Fuentes del partido dicen que el Ejecutivo lo tiene muy fácil: aprobar la subida con un decreto. Pero en el Gobierno consideran difícil hacer una subida como la que piden los morados y prefieren acogerse al pacto conseguido en el marco de la negociación colectiva entre patronal y sindicatos para elevarlo de forma progresiva hasta 2020 en los salarios por convenio.
3- Ley de Dependencia
La formación morada también pide al Gobierno que asegure los 2.500 millones de euros a los que tienen derecho cerca de 300.000 personas con dependencia y que no la han cobrado. Unidos Podemos no acepta menos de 1.500 millones y fuentes de la dirección recuerdan que "ese dinero tiene un retorno del 40% al sistema". "Hay que contratar entre 70.000 y 100.000 empleados. No es argumento más poderoso, pero es favorable", recuerdan. La respuesta del Gobierno sobre este asunto "es inaceptable para esas personas", señaló Echenique tras la reunión de la Ejecutiva este lunes.
4- Fijar por Ley pensiones al IPC
Los morados no quieren que la subida de las pensiones dependa de los acuerdos puntuales de los partidos, sino que creen que debe blindarse por ley. Un punto que ha generado tensiones incluso dentro del propio Gobierno entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía. El mensaje de las instituciones comunitarias es totalmente contrario a esa vinculación. Y el Ejecutivo no quiere que sus compromisos con Bruselas sean puestos en cuestión.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, respondía así tras el Consejo de Ministros del pasado viernes: "Este Gobierno considera que es deseable que las pensiones se revaloricen con arreglo al IPC, pero creemos que hay que trabajar por la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo. Es decir, que junto a la revisión del nivel de las pensiones tendremos que ver qué otros ajustes hay que hacer atendiendo a la demografía, al empleo, o a los ingresos para garantizar que el sistema es sostenible. Eso es lo que hace el Pacto de Toledo. (...) No podemos fijarnos solo en un aspecto. La sostenibilidad de las pensiones no depende solo de cuanto aumenten, sino del resto de elementos del sistema".
5- Bajar más la factura de la luz
La formación de Iglesias reacción de forma bastante crítica contra el Real Decreto aprobado el pasado viernes que suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica, amplía la cobertura del bono social y crea un bono para la calefacción, agua caliente y cocina. Los de Iglesias son más partidarios de implementar un impuesto a los beneficios que tienen las empresas eléctricas para conseguir así una mayor bajada del precio de la luz para los hogares. En cuanto al bono social, el partido reconoce un " tímido avance" pero aboga por "ir más allá e incluir a más personas que están en situación de pobreza energética".
6- Impuesto a la banca
Los morados seguirán insistiendo en su propuesta para elevar la recaudación y recuperar el dinero del rescate bancario mediante un impuesto a la banca. Aunque dan prácticamente por hecho que el Ejecutivo ha descartado esta idea y se quedará sólo con el impuesto a las transacciones financieras.
Parece que será el propio presidente quien tenga la última palabra en medidas como el Salario Mínimo o el blindaje de las pensiones con el IPC. Y ambas partes deberán concretar la cifra final a partir de la cual se elevará el IRPF. El grupo confederal aboga por los 120.000 euros mientras que el Ejecutivo baraja la horquilla de los 140.000 o 150.000 euros.
Los morados se centrarán en lo que resta de semana en cerrar un "acuerdo político" que permita plasmar en un "documento público" el compromiso del Gobierno con las medidas concretas para "mejorar la vida de la gente". Si después hay renuncias, los votantes podrán contrastarlo. "Lo que tenemos ahora es maquillaje", concluyen.
