Y después de la Ley de Conciliación, un plan de vivienda. O, mejor dicho, a la par. Alberto Núñez Feijóo acelera por su vertiente más social en este inicio de curso político y ya ultima lo que en Génova denominan "plan integral" para abordar la problemática habitacional que vive España. Un paquete de reformas que en la dirección nacional del PP califican como de "muy ambicioso", con el que seguirán "jugando fuera de casa" –según se refieren en el equipo de Feijóo a la estrategia emprendida, por alejada del centroderecha clásico– y que, como explican fuentes populares en conversación con Vozpópuli, aún no está decidido si presentarán en el Congreso, en el Senado o en ambas cámaras.
Las líneas de actuación trazadas por el PP se pueden resumir en tres: cuatro reformas legislativas –Ley de Vivienda, Ley del Suelo, Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas–, medidas para "facilitar el acceso" de los jóvenes a la vivienda y una ley 'antiokupación'. Todo un ideario que los 11 presidentes autonómicos del PP y los presidentes de Ceuta y Melilla defenderán en la Conferencia de Presidentes que, aún sin fecha exacta, se celebrará el próximo mes de diciembre en Santander con la vivienda como eje central del debate.
En cuanto a la ley 'antiokupación', denuncian en Génova, está en "el congelador de Francina Armengol", según el concepto acuñado por Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, junto a otras 15 leyes más presentadas por el PP en la Cámara Baja desde hace meses. Tras ser aprobada su toma en consideración en el Senado con la abstención de Junts y PNV, en febrero, Génova se refirió a esta ley como "la primera 'Ley Feijóo'". El texto es el mismo. Una norma con la que el PP pretende obligar al desalojo exprés de la vivienda en 24 horas desde que el okupa es requerido por la autoridad, prohibir "que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada" e incrementar las penas previstas por okupación en el artículo 245 del Código Penal.
En cuanto al problema habitacional, siguiendo la misma estrategia emprendida con la Ley de Conciliación, el PP dará por goteo sus recetas para una Ley de Vivienda que presentará en el Congreso en las próximas semanas. Borja Sémper dio la primera píldora este lunes. El portavoz nacional de los populares insistió en la necesidad de desplegar una legislación que favorezca la construcción de vivienda, sin topar en ningún caso el precio del alquiler, y aportó una cifra: 200.000 viviendas al año.
No obstante, las fuentes consultadas matizan ese cifra aportada por Sémper y la elevan hasta 270.000 viviendas. ¿Y de dónde salen esos números? Los populares se apoyan en un reciente informe de Caixabank que da cuenta de la distorsión entre visados de obra nueva y la proyección de hogares netos. Es decir, mientras el banco prevé la creación de 115.000 y 125.000 viviendas en 2024 y 2025, respectivamente, el INE espera que se conformen 330.000 nuevos hogares –familias– por año durante los próximos cuatro. "Sólo una de cada tres personas que creen un hogar lo harán en una vivienda nueva", resumen en Génova.
Ello, unido al informe del Banco de España que alertaba de la necesidad de crear 600.000 viviendas hasta 2025 para equilibrar el mercado inmobiliario, lleva al PP a impulsar toda una legislación "para promover el incremento de la oferta" y "favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes". De hecho, según subrayó Sémper, estos serían los "protagonistas" de estas medidas. "Tras la friolera de seis años de gestión sanchista y después de 16 meses de su ley de Vivienda, el precio de la vivienda ha subido un 13% y la oferta ha bajado un 36%", denunció el portavoz del PP. "Por cada vivienda que se publica en Fotocasa o en Idealista, hay una media de 40 solicitudes", subrayan en Génova.
Por su parte, ha sido vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y responsable en materia de Vivienda del PP, Paloma Martín, la encargada por Feijóo para pilotar todo el paquete de medidas. Desde hace meses, sus reuniones se cuentan a decenas con actores del sector. También con los consejeros del ramo en las 11 comunidades y dos ciudades autónomas gobernadas por el PP. "El diálogo ha sido continuo, y todos coinciden en el mismo diagnóstico: es imposible acceder a una vivienda porque apenas hay oferta", dicen en Génova. "Lo que hace el Gobierno con sus leyes es estrangular al mercado", aseguran. El proyecto de Ley de Vivienda que registrará el PP incluirá las 16 medidas presentadas bajo el paraguas de un "plan de choque" el pasado abril.
¿Y para sacar adelante esta ley? ¿Buscarán el voto favorable de Junts y PNV? Aunque Génova encuadre las medidas dentro de un proyecto a medio y largo plazo, más destinado a una acción de Gobierno, es evidente que sí, habida cuenta de las diferencias ideológicas por donde el PP pretende penetrar para fragmentar la frágil mayoría de investidura de Pedro Sánchez. Materias en las que es prácticamente imposible poner de acuerdo, por ejemplo, a Junts y Podemos. Divergencias que suponen un quebradero de cabeza prácticamente diario para el presidente del Gobierno. "Nuestro texto va a estar abierto al apoyo de todos los grupos políticos", se limitan a decir en Génova.
