Feijóo se aferra a sus 6 exigencias para aprobar la Ley de Extranjería: "Ahora mismo, estamos en el no"

Una breve conversación de WhatsApp el pasado fin de semana entre el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el hombre a quien Pedro Sánchez ha encargado desfacer el entuerto de la reforma de Ley de Extranjería. A eso se reduce toda la negociación parlamentaria que, hasta ahora, han mantenido el PSOE y PP para resolver el problema migratorio –especialmente emergente en Canarias– con una medida de alcance.

Después de que el PP aceptara acoger a otros 347 menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes del archipiélago canario y de Ceuta en las comunidades donde gobierna en la reunión sectorial de Tenerife del pasado 10 de julio –y que ello provocara la ruptura unilateral de Vox en cinco gobiernos autonómicos, por acoger 110 menas en total allá donde gobernaban–, el destino de otros 3000 menores migrantes, muchos de ellos en una situación límite, hacinados en centros de acogida, pasa por un entendimiento entre el Gobierno y el PP.

PSOE, Sumar y CC dieron el primer paso este lunes, registrando en el Congreso la proposición para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería con el fin de obligar a la reubicación de esos menores al resto de regiones cuando un territorio supere el 150% de su capacidad de acogida en un plazo de 15 días. Algo que, a ojos del PP, es sólo un parche. Una medida que no soluciona el problema de fondo.

Por ello, el principal partido de la oposición insiste en un Plan Nacional de Inmigración y la convocatoria "urgente" de una Conferencia de Presidentes. Además, aseguran fuentes populares en conversación con Vozpópuli, desde aquel intercambio de mensajes entre Tellado y Torres no han vuelto a saber nada del ministro. "¿Dónde está el ministro de Asuntos Exteriores?", se preguntó Tellado el martes, en una rueda de prensa en el Congreso. "¿Qué pinta Ángel Víctor Torres mediando en esta cuestión?". No obstante, las quejas de uno de los hombres de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo en el PP no invalidan la posición de interlocutor con Torres.

Eso sí, los populares son tajantes: no darán "un cheque en blanco" al Gobierno. Facilidades a lo que un miembro de la dirección nacional del PP se refiere en privado como un "marrón" que pertenece única y exclusivamente a Sánchez. Y si no van a sentarse con el Grupo Parlamentario Popular, "mejor que se centren en Junts". Un partido cuyo ADN xenófobo, nacionalista, convergente, ha aflorado en esta cuestión, negándose a acoger a más menas en Cataluña. Como también ha hecho ERC, pidiendo un trato "singular" en esta cuestión.

¿Y el PP de Canarias? ¿No aprieta en esta cuestión? Como publicó este periódico, los cuadros canarios de Feijóo consideran "una cuestión de Estado" resolver esta cuestión. El líder popular y el vicepresidente de Canarias, Manolo Domínguez, cabeza del PP en la coalición presidida por Víctor Clavijo (CC) mantienen una interlocución permanente. "En Canarias entienden la postura fijada por el partido", atajan en Génova. Una respuesta que validan fuentes insulares de la formación, que, no obstante, se inclinan por facilitar un acuerdo aunque sea de mínimos.

Pero, mientras, en Madrid, el PP se ciñe a sus exigencias. "Nosotros le mandamos a Torres un documento con seis puntos", recuerdan desde el entorno de Feijóo. Si no se cumplen todas, ¿no habrá acuerdo? "Sí", exprimen su fortaleza en la mesa de negociación, si bien una llamada, una reunión, podría rebajar las pretensiones del PP. Y recuerdan: "Les puede pasar como con la Ley de Vivienda" la semana que viene, cuando el Gobierno, sin los apoyos suficientes, retiró su votación sobre la bocina.

¿Las exigencias transmitidas por Tellado? Que se declare la "emergencia migratoria para todo el territorio nacional", que se garantice por la Fiscalía que "efectivamente son menores" los migrantes tratados como tales, que se redoble la colaboración con la UE y "las inversiones necesarias en los países de origen", la creación de un "fondo de contingencia plurianual", que el Gobierno palie a las CCAA cuando estas colapsen por exceso de menores en centros de acogida y que en la Proposición de Ley quede negro sobre blanco que todas las CCAA participarán, sin excepción, en el reparto.