La Guardia Civil y la Fiscalía de Barcelona aún está analizando parte de la documentación que fue intervenida en la Consejería de Economía y otros organismos autonómicos de Cataluña el pasado 20 de septiembre, por lo que el Ministerio Público ha pedido al juez que los ordenó, el titular del Juzgado de Instrucción número 13 Juan Antonio Ramírez Sunyer que declare compleja la instrucción de este asunto. Ello permitirá ampliar el plazo máximo de instrucción hasta los 18 meses.
En realidad esta causa lleva más de un año tramitándose, desde febrero de 2017 que es cuando el magistrado de Barcelona admitió dos denuncias, una de ellas de Vox, contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus declaraciones sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.
La investigación recibió sin embargo un fuerte impulso a finales del pasado mes de septiembre, con una operación ordenada por Ramírez Sunyer contra una veintena de personas entre las que se encuentran el propio Vidal; el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer, y el secretario de Hacienda de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó. La causa se ha ido ampliando a los principales organizadores del referéndum.
Destacaron los registros en la sede de la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017, frente a la cual llegaron a congregarse 40.000 personas convocadas por asociaciones civiles como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural cuyos responsables están siendo investigados por rebelión o sedición en el Tribunal Supremo por presuntamente impedir el trabajo de la comisión judicial.
A lo largo de la instrucción se ha detenido -aunque posteriormente quedaron en libertad- a catorce personas, se han realizado casi medio centenar de registros y se lograron intervenir 9,8 millones de papeletas del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
