La Fiscalía General del Estado recomendó en una instrucción de 27 de marzo de 2009 que los fiscales que detectaran situaciones de riesgo en menores abrieran "diligencias preprocesales" e incluso unas diligencias de investigación si de los hechos observados pudiera derivarse algún tipo de delito.
Según las grabaciones publicadas por el diario Moncloa.com, presuntamente realizadas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo en una comida celebrada en 2009, la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicó que en un viaje que realizó a Cartagena de Indias (Colombia) había visto a integrantes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía con menores, en concreto de 17 años, en un restaurante.
No obstante, las asociaciones de jueces y los fiscales consultados por este diario consideran que Dolores Delgado no estaba habilitada para denunciar tras presenciar en Colombia una reunión de magistrados con menores, ya que no disponía de pruebas de un delito.
La instrucción de 2009, dictada durante el mandato como fiscal general del Estado del ahora magistrado del Tribunal Constitucional, Cándido Cónde-Pumpido, se refiere a la actuación de los fiscales de las Secciones de Menores, aunque otras fuentes consultadas por Vozpópuli consideran que cualquier fiscal que tuviera conocimiento de que un menor estuviera en desamparo debería comunicarlo a sus superiores. Estos, a su vez, informarán a los fiscales responsables de los delitos contra la infancia, que serán los encargados de investigar los hechos.
En el mismo sentido, un informe encabezado por la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal sobre la protección jurídica de los menores de edad completa que los expedientes de investigación pueden finalizar en la interposición de una denuncia o querella por los delitos de abandono de la familia, maltrato en el ámbito familiar, abusos sexuales o sustracción de menores.
Baltasar Garzón
No obstante, y en relación al caso de la ministra Dolores Delgado, que realizó en 2007 un viaje a Cartagena de Indias (Colombia), al que no acudió Baltasar Garzón, tal y como han confirmado fuentes cercanas al exjuez a Vozpópuli, fiscales con los que ha hablado este periódico, que prefieren no dar su nombre, explican que del relato conocido hasta el momento la titular de Justicia no estaba habilitada para denunciar los hechos, ya que los mismos se habrían producido fuera de España.
Además, las mismas fuentes explican a este diario que la edad mínima para mantener relaciones sexuales en España es de 16 años, mientras que en Colombia es de 14 años. Asimismo, destacan que de la simple presencia de menores en un restaurante acompañado de adultos no se desprende la existencia de un delito.
Precisamente, en la edad de consentimiento incide Natalia Velilla de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, quién asegura que una relación con un menor no necesariamente es delito: "Depende de la edad de consentimiento sexual. Una cosa es el reproche moral, y otra el reproche culpabilístico".
Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, sí considera que la ministra de Justicia podría haber denunciado los hechos, pero que sin embargo no estaba obligada.
Mera sospecha
Manuel Almenar, de la mayoritaria entre los jueces Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considera que Delgado, según se desprende de los audios publicados, no disponía de pruebas suficientes para denunciar los hechos: "No vale la mera sospecha, sobre todo si las menores están de forma voluntaria".
Al margen de las palabras grabadas presuntamente por Villarejo en 2009, tanto las asociaciones de jueces como los fiscales consultados llaman la atención en el hecho de que las declaraciones de la ministra en la comida podrían haber sido manipuladas, al mismo tiempo que se producen en un entorno privado.
En este sentido Natalia Velilla, de la asociación Francisco de Vitoria, destaca que no se le puede dar crédito a una prueba, en referencia a la grabación supuestamente realizada por Villarejo, que no está sujeta a una investigación.
