La Fiscalía general del Estado de Schleswig (Alemania) tendrá la última palabra sobre la extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que tras pasar la noche en la cárcel de Neumünster, pasará este lunes a disposición del Tribunal de Instrucción de la localidad.
En esta primera instancia, el juez deberá confirmar su identidad, analizar las razones de su detención y dictaminar si mantiene a Puigdemont bajo custodia policial hasta que se resuelva su entrega en virtud de la euroorden emitida desde España, un trámite que podría demorarse entre diez y 60 días durante los que permanecería en el centro penitenciario.
Teóricamente, existe también la posibilidad de que el tribunal decida poner en libertad con o sin medidas cautelares al expresidente catalán. Sin embargo, esto no es lo normal, según informó una portavoz de la Fiscalía General en Schleswig.
Tras su paso ante el Tribunal de primera instancia le tocará el turno al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, en Schleswig, que deberá analizar la documentación de España sobre el caso para ver si la extradición está justificada y si la entrega a las autoridades españolas es admisible legalmente.
A continuación, en el caso de que no haya ningún impedimento legal para una extradición, la Fiscalía general del Estado de Schleswig será la que tenga la última palabra sobre la entrega del político catalán a España.
Fue detenido en Alemania
Puigdemont fue interceptado en la mañana del domingo en un área de servicio junto a la autopista A7 tras ingresar desde Dinamarca a Alemania por la frontera norte en respuesta a una orden de captura europea activada por el Tribunal Supremo español el viernes.
La solicitud de captura sorprendió a Puigdemont en Helsinki, adonde había viajado el jueves para mantener reuniones en el Parlamento finlandés y ofrecer una conferencia en la universidad. La reactivación de la orden le llevó a cambiar su vuelo por un viaje en coche desde Finlandia hasta Bélgica, donde se instaló hace cerca de cinco meses.
El ex presidente catalán está procesado por un delito de rebelión agravada, castigado con hasta 30 años de cárcel, vinculado al proceso independentista. Un total de 25 de los 28 investigados por el plan soberanista fueron procesados el viernes por diversos cargos y quedaron así a un paso de ser juzgados.
