La publicación de la proposición de ley del referéndum en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña ha desatado una nueva polémica en el pleno de hoy, al denunciar los grupos de la oposición que esta oficialización ha sido realizada directamente por la presidenta Carme Forcadell, a través de su propio ordenador, y no por el secretario general de la cámara catalana.
A las 10.36 horas, la cuenta oficial del Parlament en Twitter ha difundido la publicación digital de la proposición de ley, que justo unos minutos antes había sido admitida a trámite por la Mesa del Parlament para que pueda debatirse y votarse en el pleno de hoy.
Diversas fuentes de la oposición han señalado que la publicación en el boletín oficial no ha sido ordenada por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, sino por los cuatro miembros de Junts pel Sí en la Mesa: Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, además de la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell.
La publicación, según estas fuentes, ha sido "anómala" y se ha producido además antes de que la Mesa volviera a reunirse para analizar la petición del PSC para reconsiderar la admisión a trámite de la proposición de ley.
En cambio, fuentes de Junts pel Sí han asegurado que la publicación en el boletín oficial del Parlament es un "automatismo" una vez la Mesa admite a trámite una iniciativa, y han negado que el secretario general de la cámara deba firmarlo o autorizarlo.
Para probar que la publicación ha sido "perfectamente legal y reglamentaria", Junts pel Sí se remiten al artículo 112 del reglamento del Parlament, que establece que la Mesa, "tras acordar la admisión a trámite de los proyectos o las proposiciones de ley, dispone su publicación y, oída la Junta de Portavoces, designa la comisión o las comisiones que deben tramitarlos y abre el período de presentación de enmiendas a la totalidad".
Por otra parte, Junts pel Sí también han quitado hierro al hecho de que los letrados del Parlament hayan registrado un informe dirigido a la Mesa en el que alertan de que la tramitación de las leyes de desconexión choca con las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) y reprochan la utilización del artículo 81.3 del reglamento para aprobarlas.
