La mayoría del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias, con una fuerte polémica a raíz de la enmienda del PSOE sobre la consolidación del nivel de funcionarios para altos cargos incluida en esta norma.
El texto socialista estipula que quienes hayan ocupado u ocupen un puesto de alta dirección en la administración regional podrán consolidar hasta el máximo de su grupo en la Función Pública de forma lineal -dos niveles cada año- aunque el puesto de funcionario lo tuvieran en adscripción provisional. Al resto del personal funcionario se le pone como requisito que tenga carácter definitivo.
Los sindicatos UGT, CCOO, CISF, STAS y FSES se concentraron durante la semana en las cinco capitales de provincia castellano-manchegas para que el Grupo Parlamentario Socialista retirara la enmienda e instaban además al Gobierno regional de Emiliano García-Page a convocar la Mesa General de Negociación de la Función Pública. Además anunciaron más movilizaciones si finalmente, y como así ha sido, la enmienda prosperaba.
El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha también pidió al presidente regional que retirase "por dignidad" la enmienda socialista. La diputada del PP Ana Guarinos acusó tanto al Gobierno regional como al PSOE de mentir para "justificar esta tropelía" que están "intentando hacer" con los empleados públicos de Castilla-La Mancha.
Así, acuso a los socialistas de colar la medida "por la puerta de detrás" sin haberla negociado ni con los empleados públicos ni ha pasado por el Consejo Consultivo. "Quieren crear ciudadanos de primera y de segunda", indicó la portavoz del PP. Esta enmienda significa "un atropello" para todos los funcionarios, los ciudadanos y "cargarse" el principio de igualdad en el acceso a la función pública regional, añadió.
Guarinos recordó que la mayoría de los beneficiados son "personas de confianza" de los socialistas, puesto que el PP tan solo ha gobernado durante cuatro años
Guarinos recordó que la mayoría de los beneficiados son "personas de confianza" de los socialistas, puesto que el PP tan solo ha gobernado durante cuatro años en la región. La medida tendría efecto retroactivo, y podrían beneficiarse de ella todos los altos cargos que se hayan reincorporado a su puesto en la Administración desde la creación de la Junta de Comunidades. Además, la norma también significa un aumento de sueldo para los altos cargos de carácter retroactivo desde 2007.
Mientras, el responsable de defender el dictamen de la ley, el socialista Fernando Mora, acusó al PP de querer "hacer de una cuestión que es absolutamente normal un escándalo", recordando que con dicha enmienda se está aplicando "una ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy".
"Cuando no hay escándalos se los inventa", ha dicho Mora a la diputada 'popular' Ana Guarinos, insistiendo en que "aquí no hay ningún privilegio para nadie, aquí no se cobra el complemento de alto cargo", algo que, ha añadido sí cobran la expresidenta María Dolores de Cospedal y "otros consejeros que estuvieron en Castilla-La Mancha y que hoy desempeñan otros cargos en la Administración del Estado".
"Pomueve la profesionalización"
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, rechazó las críticas a la enmienda y defendió que promueve la profesionalización de los directivos de la Administración regional. El consejero señaló que esta medida de consolidación de altos cargos en la administración está prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público.
En este sentido, ha apuntado que el Estatuto del Empleado Público afirma que las administraciones velarán para que no haya menoscabo en la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido altos cargos, resumiendo que lo que pretende es que a los empleados públicos que quieran dedicarse a la acción política "no se les castigue".
Críticas de los sindicatos
Sin embargo, desde el sindicato de funcionarios CSIF rebaten en un comunicado que la "profesionalización" esgrimida por el consejero, y afirman que "realmente provoca todo lo contrario al alentar la designación de altos cargos para puestos que pueden ocupar los empleados públicos de la región".
"De hecho, esta enmienda rompe con los principios de mérito, capacidad, igualdad en la Función Pública al promover una red clientelar dentro del funcionariado", añaden. "El Gobierno de Page está utilizando toda su maquinaria y su mayoría absoluta para un beneficio particular. Pueden poner las excusas que quieran, pueden venderlo como deseen, pero lo único cierto es que la única carrera profesional que se va a desarrollar en la región es la de los políticos", concluyen.
