La Generalitat considera que la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Cataluña supone que el Ejecutivo "ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás" y ha anunciado una "batalla jurídica" en el Estado y también en la Unión Europea contra esta medida.
El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, se ha referido así al mecanismo de control de pagos aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Generalitat se negara a seguir facilitando al Gobierno un control semanal de sus gastos.