La Generalitat de Cataluña ya bajo la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy tras la aplicación del 155 negó al juez que investiga el 1-O que el Ejecutivo presidido por Carles Puigdemont destinase fondos de ninguno de sus departamentos para organizar el referéndum ilegal. Así lo refleja la Guardia Civil en un informe sobre la presunta malversación remitido al juez de Instrucción Número 13 de Barcelona al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El documento, que lleva fecha del pasado 9 de marzo, está centrado en las actividades del Diplocat y el desvio de fondos públicos para la consulta. Los investigadores explican que en el marco de sus pesquisas pidieron información al respecto a la Asesoría Jurídica de la Generalitat. Según dicen, la respuesta que recibieron de este organismo fue que “en ningún departamento de la Generalitat de Catalunya se ha producido coste económico en relación con el referéndum”.
Dicha consulta se produjo mediante mandamiento del Juzgado el 6 de noviembre de 2017, es decir, once días después de la aplicación del artículo 155 puesto en marcha tras la proclamación de la república catalana el 27 de octubre que generó ceses inmediatos. En concreto, la Guardia Civil y el juez pedían que se les informase “sobre los costes relacionados con el traslado y estancia de los distintos observadores internacionales invitados para la verificación del referéndum (gestión atribuida al Diplocat)”.
Esta versión, que ponen en duda los investigadores, es la que sostuvo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la entrevista concedida al diario El Mundo, que le ha costado una petición de información por parte del poder judicial y una crisis en el Gobierno, que desde entonces hace esfuerzos por matizar las palabras del ministro. Este lunes el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, concedía una entrevista en La Vanguardia donde argumentaba que hay "muchas maneras de malversar", más allá del desvío de fondos.
Precisamente, tras aquella primera consulta a la Generalitat, los investigadores se dirigieron también a la Delegación del Gobierno en Cataluña apelando a “las potestades que le conferían la aplicación del artículo 155 de la Constitución”. Este Departamento contestó el 29 de noviembre ofreciendo una respuesta menos tajante que la anterior de la Asesoría Jurídica. En este caso, ya se reconocían unos pagos realizados por la Consejería de Exteriores dirigida por Raül Romeva a una institución llamada The Hague Centre for Strategic Studies.
En concreto, los fondos habían sido gestionados por la Delegación del Govern ante la Unión Europea a través de una cuenta corriente abierta en una sucursal del BBVA en Bruselas desde la que se realizaron al menos dos transferencias, una de 58.250 euros el 21 de septiembre y otra de 61.450 euros el 9 de octubre.
La Guardia Civil incluye en el informe al que ha tenido acceso este periódico un escrito de la Consellería de Hacienda de la Generalitat del 23 de enero -meses después del inicio de estas pesquisas sobre la malversación-. Fue remitido al Ministerio de Hacienda y en concreto al secretario de Estado y número dos de Montoro, José Enrique Fernández de Moya.
Este documento introduce otra clave: alega que la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea actuaba de forma autónoma por ley y que no tenía obligación de presentar la “liquidación de su presupuesto” hasta el primer cuatrimestre del año 2018. “Por ello esta intervención General no dispone aún de la liquidación del ejercicio 2017, no tiene información de los estados contables de ejecución de su presupuesto y por consiguiente no ha realizado todavía ningún control financiero de su gestión”, sentenciaba el escrito firmado por la interventora General, Rosa Vidal Planella.
Este escrito de la interventora, a la hora de hablar de los pagos al The Hague Centre, en ningún momento lo vincula con el referéndum, sino que los enmarca a “la contratación de un servicio de asesoramiento para el desarrollo de una estrategia de acción exterior multidimensional en el entorno de la Unión Europea. El contrato era para tres meses y se adjudicó a The Hague Centre porque fue la única oferta que se presentó.
Conclusiones de la Guardia Civil
Sin embargo la Guardia Civil pone en cuestión esta tesis y sostiene que esos pagos se hicieron para que la citada institución con sede en La Haya, participase en el referéndum, pero que se enmascaró en ese presunto servicio de asesoramiento. “Y ello es lógico que se actuara de esta manera para tratar de impedir que el Estado actuase y activara los mecanismos necesarios para impedir dicho contrato”, dice la Guardia Civil en su informe remitido al juez de instrucción número 13 de Barcelona.
En sus conclusiones, los investigadores elevan a 177.065 los euros procedentes de "fondos públicos" destinados por el departamento de Romeva al The Hague Centre "para que a a través de observadores internacionales se verificara el referéndum del 1-O". Añade que la persona que autorizó esa contratación fue el secretario general del Departamento Aleix Villatoro a petición del director de la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, Amadeu Altafaj.
