El Gobierno ultima el real decreto que desbloqueará unos 4.500 millones de euros de financiación autonómica correspondientes a las entregas a cuenta de las comunidades. Según ha sabido Vozpópuli, el Ministerio de Hacienda contará con el "visto bueno" de la Abogacía del Estado, que se ha visto forzada a desdecirse de su informe de hace sólo unas semanas.
Fuentes de Hacienda han confirmado que explicarán todos los detalles llegado el momento, pero han rechazado especular con la fecha en que se aprobará el decreto. Otras fuentes consultadas por este diario señalan que puede ser este viernes.
"El compromiso es hacerlo antes del 10 de noviembre, tal y como anunció el presidente", han dicho.
4.500 millones de euros
Las comunidades autónomas reclaman desde hace meses que el Ejecutivo socialista libere estos 4.500 millones de euros. El dinero corresponde a ingresos obtenidos por la mejora de la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales durante este año.
Son cantidades importantes para las regiones en un contexto plagado de signos de desaceleración económica. Sus presupuestos están muy condicionados por la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno contará con un aval de la Abogacía del Estado, que se contradice con el informe que emitió a petición del Ministerio de María Jesús Montero en agosto. La resolución aseguraba taxativamente que un Gobierno en funciones no puede entregar ese dinero "por exceder el despacho ordinario de los asuntos públicos" y "condicionar al nuevo Gobierno".
Montero y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usaron el argumento para culpar a PP y Ciudadanos de las consecuencias que tenía su negativa a apoyar la investidura. Una vez consumada la repetición electoral, Sánchez anunció en un mitin el desbloqueo de los 4.500 millones. Y el diario El País informó de que Hacienda había encontrado un "resquicio legal" que permitía desbloquear esos fondos en septiembre.
Argumento contradictorio con pensiones
Pero lo que parecía cuestión de días, no lo era tanto. Y Hacienda lleva casi tres semanas esperando ese beneplácito de la Abogacía del Estado. Las fuentes consultadas aseguran que el real decreto tendrá ese "visto bueno".
El "resquicio legal" del que hablaba El País citando tres fuentes gubernamentales (sic) dice que tras la convocatoria del 10-N "se abre un periodo de interinidad". Y que no habrá un nuevo Gobierno conformado hasta, como mínimo, finales de este año o principios de 2020. Lo que, según Moncloa, habilita a Hacienda a realizar los pagos a las comunidades sin perjudicar a ningún otro gobierno este mismo año.
Este argumento colisiona con el que ha utilizado Sánchez para anunciar una subida de las pensiones conforme al IPC en diciembre.
Justificar la urgencia
Otro de los problemas del real decreto es que el Gobierno tiene que justificar su urgencia. Es algo que a priori parece complicado, porque esos fondos llevan meses bloqueados. Y sin ningún viso se liberase por la situación del Gobierno en funciones.
Sin embargo, fuentes de Hacienda insisten en que la urgencia estará "argumentada jurídicamente" en el real decreto. Y que todo se explicará pormenorizadamente.
