Al Gobierno le gusta tan poco el "cupo catalán" (sic) de Miquel Iceta -la Generalitat recaudaría todos los impuestos y luego liquidaría con Hacienda-, como su propuesta de una quita en la deuda catalana extensible al resto de comunidades, pero ha decidido responder con perfil bajo para no "hacerle la campaña" y que sea el PP quien hable. Ayer lo hizo su secretaria general, María Dolores de Cospedal, para pedir al PSC que deje de "sacarse conejos de la chistera" y recupere la "cordura".
En La Moncloa prefieren que el PSOE "se cueza en su salsa" porque están convencidos de que otros barones socialistas con intereses contrapuestos a los de Iceta se bastan para responder a las "ocurrencias" financieras de éste, como las define el cabeza de lista popular al 21-D, Xavier García Albiol; ya lo han hecho Extremadura, Asturias y Andalucía, aún con matices en este último caso.
Así que lo único que hizo ayer Mariano Rajoy es pedir a todos los candidatos que no caigan en una "subasta de ideas", secundado por su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Para el ministro, Iceta "tiene derecho a hacer sus propuestas", pero solo se reconocerán las "formales" que haga el próximo Govern y ese será el momento en que Ejecutivo responda y "prevenga cualquier actuación contraria a nuestro ordenamiento jurídico".
Unas palabras, las de Montoro, explican a Vozpópuli fuentes gubernamentales, que esconden la doctrina oficial en esta materia: Si la quita de deuda es complicada, por no decir imposible sin generar agravios, ceder todos los impuestos a Cataluña es directamente "inviable".
Un sistema recaudatorio como el que propone el PSC supondría que el 27% del PIB español quedaría fuera del control fiscal del Gobierno fiscal y "haría imposible la solidaridad", dicen en el PP
El País Vasco y Navarra, las dos únicas comunidades que disponen de un sistema fiscal propio, representan el 6,1% del PIB la primera y el 1,6% en la segunda, es decir, detraer el desequilibrio de sus no aportaciones a la solidaridad general que denuncian el resto de comunidades es subsanable por el Estado; pero solo Cataluña representa el 18,9% del PIB español.
Si se aceptase ese "cupo catalán" de facto, argumentan distintas fuentes, estaríamos hablando de sustraer al régimen común el 27% de la riqueza nacional, el que se genera además en las tres regiones más prósperas y dinámicas junto con Madrid, "que ya de por sí parten de una renta per cápita y sueldos más altos". "Eso es lo que hace inviable la propuesta".
No digamos ya la posibilidad de generar 17 agencias tributarias que, en régimen de confederalismo fiscal, aporten a la Hacienda común de la misma forma que ahora lo hacen País Vasco y Navarra, al exclusivo objeto de pagar los servicios comunes (Ejército, embajadores, Policía, etcétera).
Precisamente, una de las críticas que se formula al cálculo del cupo vasco desde su establecimiento (1980), es que participa con el resto en el que entonces se pensaba iba a ser el gran fondo de solidaridad: el Fondo de Compensación Interterritorial, pero los sucesivos sistemas de financiación de las comunidades del régimen común desde 1983 lo han ido dejando de lado para centrar la garantía de igualdad de prestaciones en todo el territorio español en el Fondo de suficiencia y en el Fondo de nivelación de servicios.
La resultante es que los miles de millones que las haciendas forales han dejado de pagar en 37 años han sobrefinanciado los servicios en País Vasco y Navarra generando un diferencial abrumador con cualesquiera del resto del país. "Imaginémonos generalizar esto, por mucho que digamos ahora que no ocurriría lo mismo", añade una de las fuentes consultadas.
